Los centros privados y concertados de Córdoba anuncian movilizaciones contra la Ley Celaá

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la Lomloe, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Según reprueban, «su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico». Además, añaden que esta norma «aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento».

Los colectivos critican, sobe todo, que «es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza».

Así, según los representantes de la concertada, la Lomloe supone «un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos , derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos».

Para hacerlo, continúa el escrito, «se inventa un “derecho a la educación pública” , completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados».

Por otra parte, la Lomloe «no sólo no avanza en la homologación de los profesores de ambas redes, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias».