No obstante, el alcalde, Juan Pérez, ha indicado que «aunque el proceso se inicia ahora, será un trámite largo y precisará de la creación de una comisión técnico-política, que deberá elaborar una memoria justificativa de la decisión desde un punto de vista jurídico, social y económico», ha añadido.
Juan Pérez ha mostrado su esperanza de que todo el procedimiento de disolución y la integración del activo y pasivo de la empresa pública y la absorción de sus competencias y personal por parte del Ayuntamiento pueda culminar antes de que acabe el actual ejercicio económico, aunque no ha querido aventurar fechas concretas.
El acuerdo se ha visto facilitado por la renuncia a poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública a medio plazo. Dada la existencia de importantes bolsas de vivienda vacía en el mercado inmobiliario local, el esfuerzo municipal se centrará en los próximos años en la compra de estos inmuebles para su alquiler social.
El regidor lucentino ha indicado que la primera compra se ejecutará este mismo año, como estaba previsto, y supondrá la adquisición de una decena de viviendas y su adecuación para su adjudicación posterior siguiendo la Bolsa municipal de demandantes de Vivienda Social.
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