El Ayuntamiento de Córdoba regulará la vigilancia de solares para evitar malas prácticas de los «gorrillas»

El Ayuntamiento de Córdoba es consciente del malestar que los «gorrillas» generan entre los vecinos. El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente (PSOE), confía en poder regularizar pronto una actividad ante la que tiene actualmente poco margen de maniobra. Según Aumente, la Policía Local sólo puede actuar en caso de delitos, y los aparcacoches no cometen ninguno por realizar esa actividad. «En caso de que el ciudadano reciba amenazas o indimidaciones o de que su vehículo sufra algún daño, sí debe ponerse en conocimiento de la Policía», afirma Aumente, que admite que los agentes reciben muchas quejas por este tipo de actuaciones pero «no pueden llevarse detenida a una persona por indicar a otra dónde hay un aparcamiento».

Por su parte, el delegado de Movilidad, Andrés Pino (PSOE), anunció que el Consistorio contratará la vigilancia de determinados solares municipales a través de empresas de trabajo social , como las que lo hacen ahora de forma irregular. La medida va destinada a «acabar con las malas prácticas» que se dan actualmente. Pino se refiere a lo denunciado por el sindicato UGT , que asegura que las empresas que actualmente emplean a «gorrillas» se asientan en un sistema de explotación por parte de «mafias organizadas», que se lucran a costa de trabajadores que no están dados de alta y que perciben una cuantía irrisoria por cada ticket que venden.

La medida ayudaría además a « crear puestos de trabajo dignos », a jornada completa y que aporten al ciudadano una vigilancia eficaz. En este caso, avanzó, el Ayuntamiento sí autorizará a las empresas a exigir una determinada cuantía a cambio del estacionamiento, que «no superará el euro». Los pliegos, que serán reservados y de adjudicación directa, han sido encargados a una comisión técnica mixta en la que están presentes las áreas de Movilidad, Urbanismo, Infraestructuras y Gestión. Por ahora, se ha acordado que las adjudicatarias serán empresas de inclusión social o inserción laboral y que la concesión se hará «sine die», es decir, por un tiempo no determinado y con la posibilidad de rescindir el contrato en caso de que el Ayuntamiento crea conveniente utilizar el solar para otra cosa.