El Ayuntamiento de Córdoba pagó a una empresa ajena a la organización un patrocinio por Ricky Martin

El recorrido del expediente puede seguirse ítem a ítem en un toma y daca entre los departamentos de Seguridad y Turismo . El primero estaba dirigido por el socialista Emilio Aumente y era el responsable de la cesión de los espacios municipales. El segundo era responsabilidad actual portavoz de Izquierda Unida, Pedro García .

La Delegación de Turismo remitió el 23 de agosto un documento para solicitar la ocupación del recinto del Arenal para el concierto. Se justificaba el asunto en el interés para la «marca Córdoba» dado que el uno de septiembre es una fecha tradicionalmente baja para la ocupación. El escrito explica expresamente que la empresa con la que se va a colaborar es «World Stage Music SL» , radicada en Madrid. La premura es sorprendente. La oficina de management de Ricky Martin anunció la fecha del recital en junio por lo que la gestión se realizó a ultimísima hora. Vía Pública, que depende de Seguridad, se había negado a la solicitud de la empresa organizadora a ocupar El Arenal por cuestiones administrativas.

Seguridad contestó a Turismo un día después, el 24 de agosto. El informe explica cuáles son los requisitos para organizar un concierto en El Arenal . Entre otros, el permiso válido de la Sociedad General de Autores -que nunca se obtuvo- y las tasas municipales correspondientes, que son las de limpieza y el canon por ocupación del espacio. La empresa organizadora del recital había reclamado que se le exonerase de pagar el trabajo de Sadeco y lo que han de abonar las empresas privadas que organizan actos en terreno público. Ocupar El Arenal entero -si hay ánimo de lucro- durante varios días cuesta un dineral. Y Seguridad no entendía que se dieran los requisitos para una exoneración. De hecho, pidió a Turismo que explicase expresamente a qué se refería cuando aseguraba que el área que llevaba Pedro García era «patrocinador».

Fue el área de Seguridad quien hizo las cuentas. Explica en su informe que a los organizadores del festival Colors Tribe se le cobraron 15.190 euros por unos 4.400 metros cuadrados en la misma zona. Ricky Martin necesitaba 18.000 metros cuadrados. La cantidad que tendría que haberse ingresado en las arcas municipales asciende a 62.143 euros usando la horquilla más baja de todas las posibles.

Turismo pidió el 28 de agosto, apenas unos días después, a Seguridad que no se le cobrase tal cantidad. El informe estaba firmado por el anterior director general de Turismo, Jesús Ligero , que explica la enorme relevancia de los conciertos de artistas internacionales para la promoción de la ciudad. Y ese mismo día sale de Seguridad el decreto de su teniente de alcalde autorizando la ocupación de la vía pública a World Stage Music SL. Lo hace además ordenando la exención de los 62.143 euros como de actividad patrocinada.

En ese momento, sin embargo, aún no había ninguna vinculación entre el concierto y el Consistorio. Es el 31 de agosto cuando se firma un decreto en Turismo donde se decide firmar un contrato de promoción publicitaria para el concierto de Ricky Martin por una cantidad de 12.100 euros con un contrato menor a la empresa Francisco Toro Funes SL . El problema es que el organizador del acto, hasta ese momento, era World Stage Music SL. La primera tiene sede en Madrid y se ocupa de actividades de promoción musical. La segunda es una mercantil de hostelería con sede en Granada que tiene parte de su actividad en la organización y montaje de grandes eventos musicales.

Francisco Toro Funes SL es la sociedad mercantil que se dedica a gestionar la caseta municipal de la Feria de Córdoba cuando el ciclo festivo tiene lugar. El último contrato de adjudicación le encarga la dirección del recinto municipal para las ferias de 2019 y 2020. Pasados los días de mayo , la firma no tiene ningún control sobre la caseta municipal. La empresa tiene razón social de hostelería porque ese fue su objeto fundacional. Tras tres décadas en este ámbito, diversificó su actividad y ahora monta la infraestructura de festivales donde también desarrolla la actividad de las barras. ABC contactó ayer con la empresa, que declinó realizar valoraciones.

El titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local es el funcionario que controla la legalidad de los actos municipales. Y fue de los pocos que dejó por escrito que había algo extraño. El jurista José Alberto Alcántara escribió un breve informe para dejar constancia de una anomalía «a efectos de fe pública». Este tipo de documentos se realizan cuando pasa algo que se sale de lo común, se detecta y se opta por avisar de que puede haber problemas . Dice una cosa obvia: que el organizador del concierto del que se tenía noticia y la empresa a la que se va a hacer entrega del dinero municipal para patrocinarlo no son los mismos. El dinero se pagó en marzo.

Uno de los coletazos de esta cuestión es que, casi dos meses despues, en octubre, el Ayuntamiento de Córdoba decidió que no, que había que reclamar el dinero a la empresa organizadora del concierto. El Área de Seguridad estudió de nuevo el caso y concluyó que dado que la situación era que no había coincidencia alguna entre empresa patrocinada y organizadora del acto, el concierto de Ricky Martin no puede considerarse, a efectos fiscales, como una actividad exonerada de tributos locales.

Este periódico contactó ayer con los anteriores responsables de los departamentos municipales de Turismo y Seguridad con el objetivo de aclarar la situación. Pedro García , que era el responsable político del primer departamento, aseguró desconocer los pormenores del contrato de patrocinio. Sí afirmó que su concejalía estaba interesada en que el concierto se celebrase pero afirmó no tener una idea cierta de por qué no coinciden la empresa que gestionó todo el proyecto y a la que finalmente se le pagó el patrocinio municipal. Tras consultar con su equipo de gestión, afirmó que se trataba de un asunto que estaba solventado tras la advertencia realizada por el responsable del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local .

Por su parte, el entonces teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente , explicó que su departamento se limitó a los trabajos de verificación de la documentación para la ocupación del espacio público. El edil afirmó que su departamento contó con muchos problemas para reunir toda la documentación y afirmó desconocer si, con posterioridad, se produjo un cambio en el tratamiento fiscal de la medida. Aumente sí reconoció que, una vez superada toda la gestión del concierto, advirtió que no volvería a autorizar este tipo de actividades si no existía un tratamiento más riguroso. El recital de Ricky Martin reunió a unas 15.000 personas que pagaron entre 35 y 135 euros por entrada. Hubo que vallar El Arenal y poner un potente servicio policial de apoyo.