La SGAE reclama al Ayuntamiento de Córdoba 103.000 euros por el concierto de Ricky Martin

El problema es que con el cantante portorriqueño el Consistorio no era promotor, organizador o patrocinador del concierto, que ponía fin a su gira « One World Tour ». El Consistorio, si los documentos dicen la verdad, se limitó a poner el recinto ferial del Arenal para la realización del espectáculo. Para la ocasión, el espacio municipal se valló, se creó un enorme escenario y se arbitró un plan de seguridad y tráfico similar al que se pone en marcha cada vez que juega el Córdoba CF.

Los nuevos responsables municipales se han quedado lívidos cuando han recibido la comunicación de la SGAE de que hay que pagar, sobre todo, por que se ignora totalmente a qué viene esta cuestión. El resquicio en la legislación es evidente. En el supuesto de organización de un concierto, es preciso realizar una comunicación previa a las sociedades de autores con el objetivo de una comunicación previa. En esa comunicación, se ponen por escrito elementos como el aforo previsto y las obras a ejecutar. La carta de la SGAE explica que hay una segunda manera de actuar es una consignación judicial o pago bajo reserva de las cantidades.

El Ayuntamiento -como institución- no se puede hacer de nuevas de la reclamación de cantidades que realiza la SGAE. Sabe desde bastante antes del concierto que había que pagar unas cantidades importantes por el recital de Ricky Martin . Si el concierto se celebró el uno de septiembre, la primera carta sobre las obligaciones de esta materia aparecieron en los despachos de Capitulares el dos de agosto de 2018 . Se trataba de un aviso tipo de la normativa en esta materia, del pago a realizar y de la forma de comunicarlo. Como quiera que no se tuvieron noticias de los responsables municipales de la época, la SGAE volvió a emitir un aviso a la misma unidad municipal - Autorización en Vía Pública - explicando lo que había que tramitar y pagar. En este caso, la sociedad de autores explicaba que el aviso se producía con carácter previo a la interposición de otro tipo de medidas como la reclamación judicial de la cuantía pendiente de pago.

En ese momento, aparece en los papeles el auténtico organizador del concierto que es una firma que lleva por nombre World Stage Music SL . El administrador único de la empresa se dirigió a la SGAE con una carta fechada en La Coruña el 29 de agosto. Es un simple formulario avisando de la realización del concierto ante 15.000 personas con teléfonos de contacto, el lugar del mismo y su propietario, el Ayuntamiento de Córdoba . Buena parte de los campos del formulario se encuentran en blanco. En concreto, algunos como el repertorio a realizar lo que permite retribuir a los autores de las canciones usadas en el recitar pero que fuesen de terceros. La SGAE nunca dio por buena esa comunicación al entender que no tenía ninguna validez . En consencuencia, tiró de la legislación de propiedad intelectual que permite reclamarle el pago al propietario del local que, en cualquier caso, tendría que haber constatado fehacientemente que el abono de los derechos de autor se había satisfecho conforme se marca en la legislación.

La última comunicación oficial de la SGAE data de junio de este año. Su director territorial en la zona Sur explica que, dado que no se ha contestado a ninguna de las cartas anteriores y que no se ha informado de ningún elemento que permita constatar la realidad del concierto, se aplica la cantidad aplicable en las tarifas generales. Para hacerse una idea (porque la SGAE tiene unas normas de uso bastante complejas), hay que calcular que los derechos de autor suponen un 8,5 por ciento de lo recaudado en taquilla una vez devengado el Impuesto sobre el Valor Añadido. Cuando no hay un billetaje claro, se multiplica por dos el 75 por ciento de los metros cuadrados del recinto, que en este caso son muchos miles de metros cuadrados. Además, se pueden realizar descuentos por casuísticas diversas y bonificaciones cuando el organizador es una entidad sin ánimo de lucro.

Lo más extraño de todo el asunto del concierto de Ricky Martin es qué papel desarrolló exactamente el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia. El recital no formaba parte de ningún calendario oficial como ocurrió con Rosalía, que se metió -un poco a pescozones, la verdad- en la Noche Blanca del Flamenco. Era uno de los espectáculos musicales que se llevan a cabo en la ciudad que tuvo una colaboración obvia del Consistorio pero sin que apareciese en ningún sitio.

Habitualmente, el Ayuntamiento de Córdoba dispone de varios mecanismos para apoyar este tipo de iniciativas. La más usual es la contratación directa mediante el Instituto Municipal de Artes Escénicas , que es el que gestiona los teatros cubiertos y al aire libre de la ciudad, o la concejalía correspondiente. Esto no ocurrió. Además, está la opción de ceder alguno de los teatros a un coste relativamente bajo dejando que sea la productora la que corra con los riesgos del ingreso en taquilla. Tampoco pasó nada por el estilo. El tercero es el del patrocinio . El Ayuntamiento paga una cantidad previamente concertada con la productora del artista como si fuese un elemento meramente publicitario. En realidad, es una fórmula legal pero es una mera simulación. En esas condiciones, las instituciones están subvencionando actividades culturales de gran formato para que los artistas lleven sus espectáculos a las ciudades para que ello sirva de gancho turístico . Al principio, la técnica se explicaba para reducir los precios de las entradas pero ya nadie se molesta en eso. Los boletos para el concierto de Ricky Martin tenían un precio mínimo de 35 euros y llegaban, en algunos tramos, hasta los 135 euros. El lleno fue total. No consta en ningún sitio que el Consistorio librase dinero para patrocinar el recital por lo que se entiende que la colaboración fue en especie.

¿Puede la SGAE reclamarle dinero a un ayuntamiento pese a que no fue el organizador oficial y que no se lucró con la venta de entradas para ver los golpes de cadera del ídolo latinoamericano? Esa es una de las claves del asunto en el que ya están trabajando los servicios jurídicos municipales . La legislación entiende que se puede exigir el pago de los derechos tanto al promotor oficial como al propietario del local aunque uno y otro no coincidan. En este caso, corresponde a quien cedió el espacio garantizar que todos los pagos derivados del contrato estén correctos al igual que tiene que confirmar que se han abonado los impuestos correspondientes o que los seguros del espectáculo se encuentran abonados para que alguien responda si algo se tuerce durante el espectáculo.