El Ayuntamiento de Córdoba descubre que sigue pagando su sueldo a un funcionario que está en prisión

Según la información disponible, el funcionario del cuerpo de bomberos había sido condenado por el delito de violencia de género aunque la pena de prisión podía ser sustituida por cursos de integración realizados por educadores sociales. Se trata de una medida para evitar la cárcel por medio de la reinserción y de la reeducación. Según las fuentes consultadas, el reo se resistió a este tipo de medidas al entender que había sido condenado de forma injusta. Un informe negativo de los responsables del tratamiento llevó a la Fiscalía a pedir el ingreso en prisión, una medida a la que accedió el juez que llevó el caso.

En condiciones normales, la mera condena por un delito no supone la separación definitiva del puesto de trabajo si eso no aparece en la sentencia o se trata de una pena accesoria comprendida en el tipo delictivo. La cuestión es que el ingreso en prisión conlleva la suspensión lógica de la actividad laboral y de los derechos inherentes a ella. Se trata de una cuestión minuciosamente regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público y en los reglamentos de desarrollo. Un mes antes de que concluya esa situación, el funcionario puede pedir su incorporación al servicio activo que puede concederse a la vista de la sentencia penal. En el resto de empleados, se está a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores que implica la suspensión del contrato y a las negociaciones expresadas en los convenios colectivos.

Lo que no se entiende muy bien en los servicios centrales de la institución es cómo un empleado puede estar en esta situación cerca de dos meses sin que salten las alarmas. Los responsables de Recursos Humanos explican que su labor es pagar las nóminas que cada uno de los departamentos les señalan de forma que, cuando se detectó algo raro, se pidió al jefe de los Bomberos que investigase el caso. La única posibilidad viable en este caso es que el funcionario, aprovechando que en el SEIS tienen una jornada laboral superintensiva , aprovechase descansos pendientes o cambiase turnos con compañeros para dar la apariencia de que su situación laboral era de plena normalidad. La situación saltó fuera de un departamento con un centenar de personas en nómina cuando se realizó una nueva solicitud para demorar la vuelta al trabajo . Fuentes municipales explicaron que nadie, nunca, se dirigió a Recursos Humanos para comunicar oficialmente la situación.