El Ayuntamiento de Córdoba abre una investigación interna por los contratos de alumbrado desde 2016

El Consistorio abre lo que en términos normativos se llama «actuaciones previas» para determinar «el alcance y la naturaleza de las informaciones aparecidas sobre determinados procedimientos de contratación llevados a cabo en el Ayuntamiento durante los años 2016 a 2020».

La práctica de las actuaciones se le encomienda al secretario general de Pleno, instructor de un expediente en el que se van a recopilar todos los datos pertinentes para contratar esas irregularidades. No se trata estrictamente de una Información Reservada.

Una auditoría que ya está en manos de la Fiscalía desde julio pasado y sobre la que viene trabajando de forma exhaustiva tras la primera registrada por Izquierda Unida y Podemos sobre contratos de obras y suministros en el mismo Área durante el último cuatrimestre de 2020. Es muy probable que estas últimas irregularidades adelantas por ABC acaben engrosando la causa que está a punto de abrirse por las primeras.

En la auditoría que ahora sirve de base para una nueva investigación municipal -ya se abrió una en primavera- se señalaba que estos contratos habrían sido sistemáticamente inflados en su presupuesto , generando un sobreprecio del 40%. En la treintena de expedientes analizados, el sobrecoste ascendía a 418.217 euros (IVA excluido).

De esa cantidad, el 80% (333.948) corresponden a proyectos que se asignaron a una misma empresa. A esto hay que unir que todas las actuaciones estudiadas estuvieron supervisadas o redactadas por un mismo empleado público.

Este análisis externo llega a hablar de que hubo «algún tipo de trama organizada». Igualmente, utiliza el término complot» para describir lo sucedido con estas licitaciones municipales, que están en el ojo del huracán.

La auditoría se puso en marcha después de que varias empresas se digieran al concejal de Infraestructuras para expresarle sus «quejas» al considerar que se estaban dando irregularidades en los contratos de reposición de luminarias [ver entrevista en la otra página].

No es el primer paso que da el cogobierno de PP y Cs para intentar arrojar luz sobre este oscuro caso. Ya hubo una primera investigación que arrancó después de que Podemos e IU anunciaran en abril de 2021 su intención de llevar a la Fiscalía 21 contratos menores de Infraestructuras correspondientes al último cuatrimestre de 2020 , periodo ya bajo la competencia del concejal David Dorado.

En mayo formularon la denuncia por ello y el Ministerio Público ha enviado al juzgado un decreto donde refleja indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en el proceder de la coordinadora general del Área y uno de los jefes de departamento del mismo.

La tensión política ha subido bastantes grados en los últimos días en Capitulares. El alcalde, José María Bellido , ha dejado claro de forma interna que a la máxima transparencia y colaboración judicial le seguirá la depuración de responsabilidades según evolucionen las diligencias del juez y la propia Fiscalía con el segundo paquete de irregularidades en la mesa.

Y no parece que este asunto vaya a quedarse en agua de borrajas. Desde Ciudadanos se defiende el paso adelante de Dorado para investigar de forma externa el proceder en los contratos de su propia Área.

Ahora bien, el señalamiento por el fiscal de su coordinadora general y a su vez la presunta implicación de varios funcionarios en estas irregularidades suponen un magma latente que podría deparar más sorpresas. La oposición por su parte ha preferido hacer oídos sordos a la sombras de 2016 a 2019 y centrarse en su ataque al cogobierno PP-Cs.