El Ayuntamiento de Baena pregunta al juez qué hacer con los funcionarios de las facturas falsas

Rojano afirmó en el último Pleno que «tenemos que acatar y cumplir todos la sentencia » y que se ha pedido una nota aclaratoria al juez«y en función de lo que venga en ella se actuará». Añadió que «si no corresponde la inhabilitación pediremos informes jurídicos a la Diputación y se retomará el expediente disciplinario », que está paralizado. El alcalde aclaró que «si la nota aclaratoria es inhabilitación no hay nada que hablar, simplemente dejan de ser trabajadores del Ayuntamiento».

Por su parte, la oposición de PP e IU en el Ayuntamiento de Baena ha pedido explicaciones. El portavoz de IU, David Bazuelo , señaló que «no entendemos la posición del PSOE en este tema». Reprochó a los dirigentes socialistas que «desde el primer momento actuaron de espaldas a los intereses de la gente» y que adoptaron «la postura de ocultar esa estafa».

Por su parte, la concejal del PP Cristina Piernagorda reprobó «por qué no se han tomado medidas preventivas ». El alcalde se excusó con que «no sabíamos que eran culpables» y anunció que se han pedido al juez. Bazuelo calificó el caso como «la mayor muestra de abuso por parte de políticos baenenses» mientras que Piernagorda lo describió como «un caso muy grave de corrupción en este Ayuntamiento» y apuntó al alcalde que «ante la corrupción no caben medias tintas».

El portavoz de IU exigió al regidor baenense que se disculpase con los concejales y militantes de su formación y con el pueblo de Baena, «el gran dañado y que ha visto como se perdía mucho dinero público», señaló. Le pidió que informe a la ciudadanía y que explique « qué medidas se van a tomar con respecto a quien firmó que las facturas eran verdaderas» y si «va a buscar vías para tratar de recuperar todo el dinero sustraído».

Rojano finalizó el debate sobre el caso de las facturas falsas señalando que «no merece la pena volver a reproches» y que «ni quiero reiterarme ni quiero pedir disculpas». El primer edil socialista argumentó que en este proceso había que diferenciar el plano político del judicial. Del primero apuntó que «había una intencionalidad política y se buscaba hacer daño al equipo de Gobierno» y apostilló en referencia a los gastos relacionados con el caso que fueron «muchísimos» y que «en aquel momento todos perdimos un poco la cabeza». Apuntó que «la sentencia ya pone la multa de devolver el dinero y tienen que pagarlo».