El Tribunal Supremo decidirá si la prórroga que el Ayuntamiento impuso a Clece fue legal

El caso data de 2017, cuando el gobierno municipal presidido por Isabel Ambrosio se encontró con una situación crítica . El nuevo contrato de ayuda a domicilio no estaba ni mucho menos listo para su adjudicación -que finalmente se hizo a las empresas Servisar y Macrosad-. La entonces adjudicataria, Clece, que había tenido roces de relevancia con el anterior equipo de gobierno, registró un documento en el Ayuntamiento de Córdoba diciendo que no estaba dispuesta a seguir con la actividad. El contrato precisaba que, para llegar a una prórroga del servicio más allá de los expresamente pactado, era necesario el mutuo acuerdo entre las partes que, en este caso, no concurría.

El primer juez que examinó el asunto le dio la razón al Ayuntamiento de Córdoba al entender que su pretensión era contractualmente «exorbitante» pero dio preferencia a los intereses municipales de seguir prestando un servicio público de carácter básico, la atención a dependientes. En realidad, Clece no busca nada en concreto con el Ayuntamiento de Córdoba. El auto de admisión del Supremo entiende que el caso tiene interés jurisprudencial . Es decir, la empresa pretende tener un pronunciamiento de la cúspide del Poder Judicial a favor que impida a otras instituciones públicas que le obligen a seguir con una actividad que ya se encuentra fuera de todas las coordenadas del contrato firmado en su momento.