El 21% de los empleados del Ayuntamiento de Córdoba afectados por las dudas jurídicas sobre sus tareas

Esto quiere decir que uno de cada cinco de los trabajadores del Consistorio no tiene su puesto en propiedad. Los funcionarios se colocan en un total de 2.060 (75%). El problema es incluso mayor en las empresas municipales y en los organismos autónomos. Así ocurre por ejemplo con la Gerencia de Urbanismo, donde la presencia de personal laboral es numerosa. Partidos como Ciudadanos y todos los sindicatos consultados por ABC han denunciado que la firma de expedientes por parte de laborales en lugar de funcionarios es una práctica que existe en el Ayuntamiento desde hace años.

Desde CTA , sindicato mayoritario en el Consistorio, se defiende en primer lugar la legalidad en cuanto que determinados actos están reservados en exclusiva a los funcionarios. Sin embargo, uno de sus delegados, Juan Miguel Carvajal , manifestó la necesidad de respetar los derechos de los empleados laborales y su oposición a que se produzcan despidos. En su opinión, «se está generando una alarma excesiva con este asunto en líneas generales, ya que habrá que ver caso por caso si hay algún expediente que no se ha tramitado adecuadamente».

La secretaria de CCOO en los órganos de representación laboral del Ayuntamiento, María José Víboras , indicó que lo primero que debería hacerse es sacar a concurso las plazas no ocupadas por funcionarios a fin de consolidarlas. La responsable de Administración Local de UGT en Córdoba, Lourdes Muñoz-Torrero , mostró su confianza en que este asunto no afecte finalmente a los ciudadanos. Más crítico fue el sindicato CSIF , cuyo delegado en el Ayuntamiento, Rafael García , manifestó sus dudas sobre si el actual equipo de gobierno tendrá valor para ponerle «el cascabel al gato» en un tema tan delicado. CSIF apuesta por que «todo el que entre a formar parte de la plantilla municipal lo haga a través de un procedimiento que garantice los requisitos de mérito, capacidad y publicidad » y recordó que la legislación actual dice que debe hacerse mediante oposiciones, después de que el proceso de funcionarización ha dado lugar a «muchos abusos».