Estas son las nuevas instrucciones para proteger a las víctimas de malos tratos que ya estudia la Fiscalía de Córdoba

En concreto, la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, ha pedido a estos operadores jurídicos que pidan la instalación de dispositivos telemáticos, cuando no se solicite la prisión provisional, en casos de violencia de género que supongan situaciones de «riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia».

En un escrito enviado a los fiscales también les llama a solicitar medidas cautelares en casos de esta lacra para reducir el riesgo de las mujeres y sus hijos, aun cuando las víctimas no las reclamen.

En el texto, Peramato pone el foco en los seis crímenes machistas registrados el pasado diciembre que sí tenían denuncia previa de la víctima hacia su presunto agresor. Según ha indicado, «solamente en dos de ellos se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses»; mientras que en otros dos, «con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas».

La fiscal de Sala ha hablado también de los datos generales del año pasado. Según ha indicado, de las 49 víctimas contabilizadas, había denunciado un 42,8% y «solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección y en otras cuatro ocasiones se había dictado sentencia condenatoria», estando, en dos de los casos, una prohibición de aproximación vigente.

Es ante esta situación ante la cual llama a los fiscales a tener una «actuación proactiva de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para enervar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio».

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Además, apunta que «en aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo 'extremo', 'alto' o 'medio de especial relevancia', interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas».

«Cuando así proceda, cuidarán de que esta petición se lleve al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de que se dicte sentencia condenatoria», añade Peramato en el escrito.

La fiscal de Sala ha apuntado que, aunque los fiscales cuentan en estos casos con la valoración de riesgo policial que se lleva a cabo en el sistema VioGén, esta valoración «no siempre es suficiente» y «en muchos casos» necesitan «para mayor certeza y seguridad, la valoración forense del riesgo y para ello del auxilio de las unidades de valoración integral forense que no existen en todos los partidos judiciales».

Además ha insistido en la necesidad de cumplir con el Pacto de Estado contra la violencia de género y que se dote de suficiente personal especializado a los juzgados de violencia sobre la mujer para auxiliar a los fiscales en las guardias, así como ampliar la jurisdicción de estos juzgados, adoptando para ello las medidas que fueran precisas para no repercutir en las víctimas los inconvenientes que de ello se puedan derivar.

«Puede ser una medida que garantice que éste y otros recursos especializados sean accesibles para todas las víctimas por igual y que fiscales, jueces, abogados contemos en la guardia con el auxilio pericial que garantice una mayor eficacia en nuestras actuaciones en orden a la protección de las víctimas y la exhaustiva investigación de los delitos», ha concluido.