Llevan al juzgado la inacción del Ayuntamiento de Córdoba con el plan especial de Colecor

La empresa ha esperado pacientemente casi diez años a que el Ayuntamiento de Córdoba mueva ficha tras recibir revolcón tras revolcón en los tribunales de justicia. Sucesivas sentencias, entre los años 2014 y 2017, se cargaron los puntos clave del plan especial que se había creado para legalizar las instalaciones de Arenal 2000. Era la segunda vez: la Justicia ya se encargó de eliminar el plan especial aprobado en 2006.

Las claves de las sentencias y de los planes especiales son muy complejas jurídicamente pero muy simples de explicar: eran documentos urbanísticos pensados para beneficiar los intereses de la propiedad de las naves de Colecor, que ahora se encuentra en manos de una gestora de activos fallidos de la banca. Por no existir, ya no existe ni el banco que aceptó las naves como garantía hipotecaria. Los fallos judiciales decidieron aplicar el principio de interdicción de la arbitrariedad que, en román paladino, significa la prohibición de que las administraciones hagan lo que le parezca oportuno.

El problema de la empresa recurrente es que es vecina de Colecor. Y es que el plan especial aprobado por el Pleno miró mucho la situación de las naves —que se construyeron sin permiso de obras y entre una fenomenal polémica política— y nada al resto. En la parcela de la antigua entidad láctea se permitía llegar a un 21 por ciento de ocupación total. Los vecinos más cercanos, donde existían industrias también históricas como Agrogás, no tenían ni de lejos esa capacidad de construir edificaciones ni un régimen de usos tan favorable. Y se quejaron.

El plan especial no se anuló del todo. Solamente los artículos 14 y 20. Y se hizo en dos tandas. En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los declaró nulos. El Supremo, por su parte, decidió que había que reformar la sentencia inicial por incongruencia omisiva (cuando un juzgado deja sin contestar la pretensión de una de las partes). Y el alto tribunal andaluz volvió a emitir un fallo en términos muy similares. Desde 2014, sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba sabe de sobra que el plan de la Colecor está muerto y enterrado.

El plan especial de la carretera de Palma regula casi dos millones de metros cuadrados, naves incluidas. Se trata de un suelo de colchón entre la ciudad y Medina Azahara que, en su mayor parte, se dedica a usos agrarios. Existen en la zona una serie de instalaciones industriales históricas que corresponde preservar. Ese fue el artículo al que se agarró Rafael Gómez para construir hace 23 años unas naves de 49.000 metros cuadrados sobre rasante y más de diez mil bajo rasante. Un primer documento, aprobado por IU en 2006, fue tumbado por aspectos formales (era de iniciativa pública y se redactó por un privado) y de contenido (era una legalización a la carta de las naves sin licencia).

El segundo plan especial hilaba mucho más fino. Obligaba a la propiedad de las naves a destruir unos 15.000 metros cuadrados de naves (multa millonaria impagada, aparte) pero permitía crear lo que hoy se llamaría un centro logístico porque el comercial directo, la gran aspiración de Rafael Gómez, nunca llegó a aparecer en los documentos oficiales. Originalmente, solamente se permitían usos ligados a la actividad agraria y así quedó reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.

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El documento aprobado por Urbanismo, tras un pacto complejísimo entre IU y PSOE, contó con la oposición de la Junta. El entonces consejero era el actual ministro Luis Planas que decidió impugnar el documento al considerar que contravenía la legalidad. Aquella decisión abrió un problema serio entre la dirección provincial del partido, que entonces lideraba Juan Pablo Durán, y Planas. El Gobierno andaluz consiguió que se tumbara también el régimen urbanístico del suelo no urbanizable de la zona con el criterio de que era muchas cosas menos no urbanizable.

Desde la primera sentencia anulatoria hasta ahora, han pasado cuatro gobiernos municipales, dos del PP, uno de populares y Ciudadanos, y otro más de PSOE e Izquierda Unida apoyado por Ganemos. El plan especial se aprobó con Andrés Ocaña en la Alcaldía y Rosa Aguilar como consejera del ramo en la Junta. Su nombramiento como ministra hizo virar el posicionamiento del Gobierno andaluz hacia posturas menos comprensivas.

El presidente de la Gerencia que recibió la sentencia, Luis Martín, afirmó que se acataba su contenido. Desde entonces, el gobierno municipal ha dicho en varias ocasiones que tocaba reemprender el camino de regular los suelos de la margen derecha de la carretera de Palma con un nuevo enfoque. Quien más insistió en esta idea fue el gobierno municipal de Isabel Ambrosio que dejó el poder sin que se diese a conocer ningún documento oficial sobre la materia. La llegada de José María Bellido y los años pasados metió a la Colecor, en el fondo de un cajón. Ahora es posible que tenga que salir por orden del mismo juzgado que paralizó su aplicación.