Caso Infraestructuras | El juez amplía las diligencias y llama a declarar a más testigos y a la UDEF

En un auto fechado notificado el 9 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción 4 pretende dar un nuevo impulso a la investigación de la causa matriz iniciada por la Fiscalía de Córdoba por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos como consecuencia de denuncia presentada ante la Fiscalía por IU y Podemos.

De esta forma, Laínz accede a la petición del abogado del principal imputado en esta causa el ex jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos, S.Q. de tomar declaración al Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Córdoba Miguel Aguilar y de la interventora general.

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Lo que Laínz no ha decidido aún es a que declare como testigo un empresario dedicado a montajes eléctricos por no estar justificada, de momento, su comparecencia aunque brinda esta posiblidad al letrado para que vuelva a argumentar la necesidad de prestar declaración en esta causa.

Laínz sí permite en este mismo auto que los agentes de la UDEF que han elaborado estos informes relativos al Caso Infraestructuras si declaren como testigos y respondan así a las pruntas del letrado del ex concejal de Infraestructuras, David Dorado, Carlos Arias. 

Rodríguez Laínz asegura en este último auto «que las actuaciones practicadas hasta el momento hace precisa la práctica de nuevas diligencias de investigación tendentes a corroborar o contrastar determinadas afirmaciones que se han realizado por intervinientes».

Hay que recordar que en esta causa están investigados el ex jefe de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos S.Q. junto a más de una veinetena de empresarios, la ex coordinadora del área de Infraestructuras M.L.B., así como «de manera incierta» esta invetigado el ex concejal del área David Dorado.

En cuanto a otras pruebas solicitadas para esclarecer estos hechos por parte del juez se encuentran, por ejemplo, la petición de valoración de dos máquinas enfriadoras instaladas en los Centros Cívicos Centro Córdoba y de Servicios Sociales Moreras por parte del perito designado por el Ayuntamiento de Córdoba porque no constan, de momento, en las actuaciones el precio por el que adquiriera dichas máquinas.

Otra de las cuestiones sobre las que Rodríguez Laínz ahonda es sobre si las empresas contratadas por este área para facilitar equipos EPI durante la pandemia se dedicaban realemente a esa función como así aseguraron en vía jucial. Asimismo, Laínz ordena al Ayuntamiento a que explique si en la ejecución de contratos menores de obra o servicio se admite la intervención de empresas subcontratistas y, en su caso, cuál es el procedimiento de aceptación.