Unos 70 acreedores de Grucal, que era propiedad de Jesús León, reclamarán judicialmente 2,6 millones

Los acreedores de Grucal son sociedades y personas físicas que han venido prestando servicios y vendiendo productos a la constructora Grucal Infraestructuras , empresa que estuvo bajo la tutela de León hasta hace unos meses.

El abogado José Cosín , que hace unas semanas insertó un anuncio en la prensa local para buscar a sociedades y personas que se adhieresen a la demanda, representa a estos acreedores. El jurista, que ha confirmado la intención de presentar esta demanda colectiva, ha habilitado el correo electrónico afectadosgrucal@gmail.co' para quienes quieran sumarse a la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil , algo que vienen haciendo a razón de «tres o cuatro» empresas por día, según ha señalado el letrado.

En concreto, Cosín ha detallado que entre los acreedores, a los que se deben entre 3.000 y 400.000 euros, según los casos, hay trabajadores y empresas, «la mayor parte de la zona de Montoro», en la provincia de Córdoba, aunque el abogado también tiene clientes de Sevilla y Madrid, y calcula que habrá unos 300 afectados , a los que Grucal puede adeudar unos cuatro millones de euros, según una primera estimación, ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Cosín ha señalado ya con anterioridad que en el activo de Grucal tiene constancia de las adjudicaciones de los concursos ganados en los últimos tiempos, siendo «un dinero que se cobra conforme van realizando los trabajos», pero «dicho dinero no está yendo a los acreedores», ha advertido.

En relación con la p etición de concurso , ha comentado que «es evidente que el pasivo -las deudas- supera ampliamente al activo de la sociedad y, además, se ha realizado una operación en fraude con la transmisión de la misma», que León hizo a Ángel, como informó ABC Córdoba hace meses , a «una sociedad insolvente, con un administrador insolvente », aunque será el juzgado el que determine si la venta se hace en fraude de acreedores o no, ha remarcado.

Además, el letrado ha aseverado que «hay personas que han iniciado acciones de tipo penal », aunque en este caso cree que «primero hay que determinar si hay insolvencia punible», tras lo cual estudiarán las acciones penales respectivas.