La maraña judicial del Córdoba CF, 26 causas abiertas por resolver

La situación actual del Córdoba CF es más que compleja. Actualmente son dos las sociedades anónimas las vinculadas a esta nomenclatura. La que actualmente rige el equipo de fútbol, Unión Futbolística Cordobesa , solo está pendiente de un trámite judicial, que es el más importante y del que actualmente pende el aspecto más meramente deportivo. El magistrado-juez de juzgado número 5 de lo mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance , fue recusado por «perderse la apariencia de imparcialidad». Este juez fue el que dictó, entre otras cosas, la venta de la Unidad Productiva del Córdoba y avaló la compra por parte de la nueva sociedad. La RFEF se opuso a este proceso y privó a la UFC de apoderarse de la licencia competitiva.

Este camino judicial se encuentra actualmente parado. El CGPJ debe determinar quien sustituye a Fuentes Bujalance. El TSJA propuso a Fernando Caballero, pero tras celebrar la última comisión, no ha llevado a cabo el nombramiento y no será hasta el 19 de agosto cuando celebren una nueva comisión. A esto se le suma que ambos jueces magistrados tienen una querella en contra por «cohecho», que fue interpuesta por Bitton Sport en el Juzgado de Instrucción número 5. En junio, la Fiscalía pidió que se inadmitiera aunque aún falta la decisión del juez.

Pero mientras se decide si el proceso de venta de la unidad productiva estuvo bien, tuvo algunos errores o directamente no se tenía que haber producido, el Córdoba CF SAD mantiene una incesante actividad. Hasta tres procedimientos penales siguen su curso y un cuarto procedimiento en Madrid revolotean alrededor de la empresa. En el juzgado de instrucción número 5 se encuentra el proceso contra Jesús León por la posible comisión de cuatro delitos (falsedad documental, blanqueo de fondos, administración desleal y apropiación indebida). Además, este proceso también tiene ramificaciones (se pidió también investigar al que era el secretario del consejo, Joaquín Zulategui).

En el juzgado de instrucción número 3 sigue también pendiente la querella que el Córdoba (Rodríguez Zarza) interpuso contra Carlos González por la posible comisión de delitos societarios. Y en el juzgado de instrucción número 1, Jesús León mantiene activo el proceso contra la exconsejera Magdalena Entrenas por la comisión de hasta tres delitos. Por esta última causa, el montoreño fue a ratificar su querella hace apenas unas semanas. Y de fondo, en Madrid, en el juzgado de instrucción 102 , se está llevando a cabo el pleito por la propiedad de las acciones de la entidad. Aquí Carlos González defiende la devolución de la propiedad de las acciones al nombre de su empresa Azaveco tras el incumplimiento de pago de Aglomerados , ante la que ya pesan medidas cautelares. Este proceso está pendiente de fijar una fecha de juicio.

De forma paralela, se mantiene activos otros procesos que les enfrenta a ex trabajadores del club y empresas que prestaron servicios a la entidad. La administración judicial notificó en el informe de cuentas hasta 21 frentes abiertos para los que ha realizado una provisión de más de 3 millones de euros. El más importante es el procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia número 7. El 28 de enero, la sociedad obtuvo la sentencia por la que debía abonar la cantidad de 2.400.000 euros a Bitton Sport en concepto de la finalización del contrato de forma anticipada e indemnización. A esa se le suma el procedimiento instado por la empresas que gestionaba las barras, Explotaciones Hosteleras Maroam , cuya sentencia también va en contra. El importe provisionado para esta causa es de 219.740 euros. El concepto es por daños y perjuicios desde la temporada 2013/14 hasta la 2016/17.

Otra empresa con sentencia favorable es la entidad Cordobesa de Terapia Avanzada ( doctor Bejarano ). El 5 de febrero salió la sentencia donde el Córdoba fue condenado a abonar los honorarios. Esta sentencia ha sido recurrida aunque el importe provisionado ha sido de 117.540 euros. A estos procedimientos se les suman otros con cantidades menores tras la denuncia de varios ex trabajadores como Fran Aguilera, Juan Ramón Berdugo , ex secretario; Francisco Jiménez, , Antonio Viola o Albert Puig que oscilan entre los 3 mil y los 90 mil euros cada una.