La Confederación del Guadiana achaca ahora el retraso para la conexión definitiva de La Colada a la Diputación de Córdoba

El presidente de la cuenca del Guadiana apunta directamente a la institución provincial que preside Salvador Fuentes (PP) como responsable de su situación actual, ya que afirma que no ha contestado a los requerimientos que ha hecho la CHG, según su última versión.

El máximo responsable de la CHG, a pesar de que él mismo puso en duda públicamente la necesidad de ejecutar esta infraestructura, asegura ahora que «no ha paralizado» la tramitación del procedimiento de autorización para la ejecución, aunque advirtió, precisamente en una entrevista en ABC, de que la concesión de la misma podría extenderse por un plazo máximo de «18 meses».

Desde la cuenca del Guadiana sostienen que la falta de avances en el procedimiento para la futura ejecución de la obra de La Colada se debe a que «corresponde a la Diputación de Córdoba atender los diferentes requerimientos de documentación formulados por la CHG y que son imprescindibles para sustanciar el procedimiento».

En la lista de los requerimientos no atendidos por la Diputación, según la versión de la CHG, estarían «los consumos reales de los municipios, documentación sanitaria exigida por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía; requerimientos exigidos por la sociedad estatal ACUAES -responsable de la explotación de la presa de La Colada-; o la documentación técnica comprometida por la Junta de Andalucía que ampare de la modificación del proyecto de las obras de conexión».

Según el presidente de la CHG, su organismo «está a la espera de su recepción» a la vez que añade que «la CHG», a pesar de la valoración que pueda hacer sobre la necesidad real de la obra definitiva (antes el Gobierno la veía necesaria y ahora algunos socialistas la ponen en duda), «tramita dicho procedimiento concesional conforme a derecho, ajustándose a los principios de publicidad, explotación racional de los recursos hídricos, respeto al plan hidrológico de la cuenca, sin perjuicio de terceros y primando el interés público».