Los arquitectos de Córdoba critican «el bloqueo de licencias» en Urbanismo, con un año de demora media

Dada las «consecuencias que ello tiene en la actividad económica de la ciudad«, este ente profesional «se pone a disposición de la Administración municipal para emitir informes o certificados sobre la cualificación urbanística de los proyectos, que permitan la agilización de la concesión de dichas licencias«.

Esta propuesta, sigue la nota de prensa, «está amparada por la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que, recuerda el Colegio de Arquitectos, «ya en su exposición de motivos establece como una necesidad de nuestro tiempo y una de sus líneas estratégicas la colaboración público-privada». «Y así lo regula en su artículo 9, determinando que las Administraciones, con competencias en la ordenación territorial y urbanística, tienen el deber de facilitar y promover la colaboración de la iniciativa privada, pudiendo celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico«, asegura este ente profesional.

Este colegio defiende que, sin tener la consideración de actos administrativos, los «informes que emita como corporación de derecho público pueden ser asumidos por las entidades públicas«. De hecho, ahonda el comunicado, la propuesta que presenta se »realiza en base a otro documento puesto en práctica por otros ayuntamientos andaluces«.

Tras la entrada en vigor de la nueva ley que regula el urbanismo en Andalucía, el ente que aglutina a estos profesionales remitió en febrero de 2022 a Urbanismo «un borrador de convenio para hacer realidad este marco de colaboración, pero el organismo municipal aún no ha contestado a esta propuesta formalmente«. Sin embargo, prosiguen, su presidente, el edil Salvador Fuentes (PP), »sí ha verbalizado en privado y en público que ese convenio podría ser un camino para desbloquear el atasco de la GMU, pero ello no se ha traducido en hechos tangibles«.

A juicio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, la puesta en marcha del acuerdo propuesto, «debería ir acompañada de otra serie de medidas internas que ayuden a reducir los plazos de tramitación«. En concreto, estos profesionales denuncian que »el plazo medio para que sus expedientes puedan ser simplemente asignados a un técnico ronda los tres meses a partir de su registro en la sede electrónica, pudiendo transcurrir bastantes meses más para la asignación del expediente«. »La media para la concesión de una licencia puede estar en unos doce meses«, alertan.

La representación oficial de los más de 500 arquitectos colegiados en Córdoba considera que «estos plazos son injustificables« y lamenta las dificultades que generan a la hora de poder trasladar a sus clientes los plazos previstos para acometer sus proyectos.

La Junta de Gobierno de este colegio reconoce que con los actuales gestores de la GMU existe una buena comunicación, y «fruto de ello ha sido la aprobación de la Guía Práctica de aplicación de la normativa urbanística del PGOU y PEPCH [Plan Especial del Casco], donde se aclaran y unifican las interpretaciones que los técnicos de Urbanismo hacían de la norma. «También valoramos positivamente la contratación de nuevos técnicos en Urbanismo», señalan desde este Colegio, que »corrobora el avance llevado a cabo en la tramitación prioritaria de grandes promociones de vivienda, pero afirman que la lentitud en la resolución de los expedientes más comunes de obra mayor sigue siendo insostenible para cientos de arquitectos y promotores cordobeses«.

En esta línea de demandas, este ente profesional reclama la posibilidad de «implantar una plataforma electrónica que permita conocer al interesado en qué momento de su tramitación se encuentran los expedientes presentados, y facilite la comunicación con los técnicos responsable de informar dichos expedientes«.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), pidió al Colegio de Arquitectos, a la profesión, que lleve a cabo un cierto ejercicio de autocrítica que debe extenderse a todas las partes. Señaló que algunos proyectos no tienen el recorrido que deberían tener porque no cumplen con las condiciones precisas para su aprobación. Y explicó también que existe un abuso de la figura de la declaración responsable por parte de arquitectos que no cumplen con las condiciones de esta figura. Se usan, explicó, para obras no amparadas.

Fuentes aseguró que se ha producido un diálogo constante con el Colegio de Arquitectos y que fruto de ello es la propuesta de convenio que está encima de la mesa, que tendrá una contrapropuesta. Explicó que el convenio consiste en que el Colegio realice una especie de filtro previo similar al que se lleva a cabo en Madrid o Marbella, que tienen un sistema de trabajo desde hace años en los que hay una suerte de revisión inicial. Ese modelo tiene partes concretas que no gusta a los servicios jurídicos municipales que entienden que se está realizando un trabajo reservado a empleados públicos.

El presidente de la Gerencia explicó que Urbanismo no es hoy la misma que hace tres años y medio. Afirmó que se ha incorporado personal paliando en parte las vacantes de la plantilla que en estos momentos se cifran en 29. Han llegado, dijo, nuevos arquitectos, ingenieros y auxiliares. Están en proceso nuevas incorporaciones. En ningún caso, aceptó que se tarden tres meses en asignar un proyecto a un funcionario concreto.

El máximo responsable del organismo autónomo sí reconoció que hay una carencia en la gestión electrónica de proyectos. Tiene que ver con la implantación parcial del sistema municipal, llamado Help, y que viene de un acuerdo con la Diputación de Málaga. Ese sistema se implantó en parte en la Gerencia ya que todo el módulo de recepción de proyectos y de seguimiento de los mismos quedó por concretar.

Eso ha hecho que los proyectos que se entregan en la plataforma telemática se tengan que dividir en archivos pequeños (teniendo en cuenta que son masas de información con imágenes, textos y planos) y sea imposible llevar a cabo un seguimiento del estado en el que se encuentra el expediente, algo que sí es posible, por ejemplo, en materia tributaria. Fuentes aseguró que están trabajando en la implantación completa del sistema informático en Urbanismo con ese propósito.

Fuentes negó que no se hayan producido avances aunque, la realidad, es que el malestar sigue presente entre los profesionales que tienen relación directa con la Gerencia. Urbanismo aplicó un plan de choque tal y como se inició el mandato que se centró en agilizar proyectos de grandes dimensiones. La siguiente fase tendría que haber sido los de tamaño medio y pequeño.