La Junta ignoró las alertas al adjudicar las obras del palacio de congresos

El asunto data de la presencia de IU en la Consejería de Turismo y Comercio que le dejó el regalito al PSOE, como consecuencia de la ruptura unilateral del Gobierno andaluz por parte de Susana Díaz. En 2014, la Junta licitó el actual contrato de rehabilitación de las instalaciones de la calle Torrijos para competir con la decisión del alcalde en funciones, José Antonio Nieto, de reformar el Pabellón Joyero. Siete empresas concurrieron al proyecto, dos de las cuales incurrieron en una baja desproporcionada, Aldesa y Cabero.

La Junta dio apenas unos días para que las empresas justificasen por qué estaban dispuestas a realizar la obra por tan poco dinero. Cabero Edificaciones nunca contestó. Aldesa, con cerca de un 17 por ciento menos del precio de licitación sí lo hizo.

Una comisión formada por altos funcionarios de la Junta en Córdoba estudió esas alegaciones. El grupo se reunió el 27 de mayo y estaba formado por el entonces secretario general de Turismo; el jefe del servicio de Comercio; el jefe de Rehabilitación y Arquitectura; el asesor técnico de Instalaciones de la Secretaría General de Turismo y un responsable de la Delegación de Cultura. Para entenderse, se trata de funcionarios acostumbrados a tratar asuntos de enjundia, algunos cercanos al PSOE y otros con lazos evidentes con IU. Dos de ellos formaban parte de la mesa de contratación y ocuparon el puesto tras una destitución de varios directivos de la Administración en el verano de 2014 instigada por IU para colocar a empleados de su confianza en puestos clave.

El documento de ese grupo de trabajo asegura que Aldesa nunca justificó las razones de su baja. La empresa dijo que su oferta era reducida (1,2 millones sobre los 1,5 iniciales) por varias razones: renunciaba a cuatro puntos del beneficio industrial, los gastos generales pasaban del 13 al seis por ciento. En tercer lugar, los gastos de aprovisionamiento se reducían, afirmaba Aldesa, porque las compras de instalaciones se realizarían a sociedades de su propio grupo, Acisa y AMS. En cuarto, que el coste de personal sería hasta un 19 por ciento. Por último, reflejaba una reducción de costes indirectos de cuatro puntos.

¿Qué dijeron los técnicos que evaluaron las alegaciones de Aldesa? Que las explicaciones «carecen de una justificación técnica precisa y clara». Para dar por buena esa afirmación, el grupo de funcionarios de la Junta aseguró que existían incongruencias entre los gastos generales y el beneficio industrial. Además, que algunas partidas relativas a la obra del salón plenario se reducían en un 10 por ciento pero que los mismos conceptos de otras zonas del edificio ni se tocaban. Por ñultimo, que las compras a empresas del grupo no afectaban a los aprovisionamientos de fontanería. Conclusión: Que existen «dudas razonables para aceptar su justificación» y que «no se puede garantizar la ejecución de la obra sin un incremento adicional posterior».

La mesa de contratación -en la que estaban dos de los funcionarios firmantes, los más cercanos a Izquierda Unida- hizo caso omiso de las advertencias. Aldesa se llevó el proyecto porque se consideró que el informe «no es concluyente». A pesar de que aseguraba que no se podía garantizar el desarrollo de la obra, el acta de la mesa de contración de la Junta dice lo siguiente: «No se desprende ningún dato técnico que evidencia la imposibilidad de desarrollar la obra». La inversión se encuentra en estos momentos prácticamente bloqueada.