cotizaciones de empleados públicos
Las retenciones de la Junta investigadas van de 561 euros a 1.829 por funcionario
Los empleados afectados señalan que no se ingresaron sumas en la Seguridad Social
Las retenciones de la Junta investigadas van de 561 euros a 1.829 por funcionario
Las cantidades que la Junta podría haber retenido de un modo irregular a «un gran número de empleados públicos», según la estimación de la Inspección de Trabajo, se sitúan en una horquilla comprendida entre 561 euros y 1.829 euros. Éste es el cálculo que ... realizan los trabajadores de la Administración autonómica que se han dirigido al citado organismo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que les comunicó a varios de ellos hace tres semanas que ha abierto una investigación sobre la posible bajada arbitraria de las bases de cotización de sus nóminas, tal y como avanzó ABC en su edición de ayer.
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Estas retenciones anómalas registradas en el segundo semestre de 2012, que los empleados sospechan que la Junta no ha ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ascienden a 1.829 euros en el caso de los funcionarios de nivel A y bajan por tramos a 1.712, 1.690, 1.500 y hasta a 561 euros si se trata de personal perteneciente al cuerpo de auxiliares administrativos.
«No es un caso habitual para Inspección»
Uno de los portavoces de la decena de empleados públicos de la Junta que se han quejado a la Inspección de Trabajo señaló a este periódico que «las sumas pueden parecer menores pero no lo son: de acuerdo a la base de cotización se calculan nuestras pensiones y, además, si la Junta no ha ingresado las cantidades correspondientes de todos los funcionarios afectados, que pueden ser miles, se podría estar causando un perjuicio a la caja de las pensiones».
La Junta asegura que actúa de acuerdo a normativa del Estado
Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía, Víctor de Santos, indicó ayer en declaraciones a este periódico que «las actuaciones están en pleno trámite» y que por el momento no pueden avanzar datos sobre ellas ni tampoco sobre el alcance que pueden tener. De Santos añadió que «éste no es un caso habitual para la Inspección» y cree que las indagaciones, que se desarrollan desde hace al menos seis meses, no tardarán en concluir porque hay que evitar el riesgo de que las posibles irregularidades prescriban.
Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, responsable de la política que afecta a los funcionarios de la Junta, negó ayer que haya cometido irregularidad, al subrayar que la medida tiene como referente una normativa del Estado.
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