La Junta intenta «colar» al Gobierno su deuda con los dependientes

Contrarreloj, con jornadas maratonianas que llegaban a concluir a las diez de la noche e intentando convencer por todos los medios a los dependientes de una lista de medio centenar que tenían que visitar en una semana. La Junta desplegó la semana pasada a numerosos trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) con el objetivo de obtener el consentimiento de los beneficiarios de la Ley de Dependencia (o las personas responsables de los mismos) para incluir la millonaria deuda que mantiene con ellos en el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno central. Una iniciativa que el Ministerio de Hacienda considera inviable porque no cumple los supuestos establecidos, pero que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está llevando a cabo asegurando que no ha recibido ninguna negativa. Posturas enfrentadas que hacen vaticinar un nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones.

Distintas fuentes consultadas por este periódico señalaron que empleados adscritos a la Assda han ido casa por casa entrevistándose con dependientes a los que la Junta les adeuda dinero. Con ellos portaban tres documentos . El principal era una «diligencia de rechazo de aceptación o voluntad de acogerse al mecanismo extraordinario de Pago a Proveedores regulado en el Real Decreto 8/2013 de 28 de junio». Los otros dos sirven para modificar algún dato personal o dejar constancia de que el beneficiario de la ayuda está «ausente o ilocalizable».

La aceptación por parte del beneficiario –o su cuidador– supuestamente implicaría que los impagos de la Administración regional serán abonados por el Gobierno central a través del nuevo Plan de Pago a Proveedores . Una posibilidad a la que se ha acogido la inmensa mayoría de los dependientes ante la promesa de que «iban a cobrar pronto».

Pero no es así. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, a pesar de que en el nuevo Plan de Pago se ha dado preferencia a las deudas de las administraciones en los ámbitos de la sanidad, educación o servicios sociales , el Real Decreto que lo regula establece como beneficiarios a personas jurídicas. «Es decir, Organizaciones No Gubernamentales o asociaciones, por ejemplo, no personas físicas», precisaron. Desde el Ejecutivo central se aseguró que «se ha informado a todas las comunidades autónomas y en la norma están los conceptos para acogerse al Plan de Pago», por lo que « no entendemos por qué la Junta de Andalucía actúa así».