La amnistía que negocia Sánchez impugna el discurso más importante del Rey

Aquel día, dos días después de la consulta ilegal del 1-O y al finalizar la jornada de una huelga salvaje que contó con la ayuda de la Generalitat, Felipe VI dirigió al país el que ha sido su discurso más importante hasta la fecha, alineado con la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

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«Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución», acusó el Rey, en mensaje extraordinario, el quinto que un monarca español dirige desde 1975.

Don Felipe no citó a Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, ni a Oriol Junqueras, vicepresidente, pero la alusión a ambos estaba claramente implícita tanto en ese párrafo como en los siguientes. «Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia», señaló el Rey.

El Monarca también subrayó que «con sus decisiones (las autoridades catalanas) han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado», y que «han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla».

Estas palabras fueron refrendadas posteriormente por la Justicia, cuando el Tribunal Supremo condenó a los líderes del 1-O. Pero una amnistía actuaría en sentido contrario, poniendo en cuestión no solo la actuación de los tribunales sino también el sentido de lo que dijo aquella noche el Rey, algo que los independentistas han buscado desde hace seis años.

Ante este panorama, los catedráticos de Derecho Constitucional consultados por ABC coinciden en que el Monarca no dispone de resquicio alguno para no sancionar una ley que amnistíe los delitos del 'procés', aunque ese texto sea claramente inconstitucional. «El defensor de la Constitución es el Tribunal Constitucional, no el jefe del Estado», subraya José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. «No puede dejar de sancionar la eventual ley de amnistía, aunque tal ley implique censura de su discurso del 3 de octubre», coincide Raúl Canosa, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

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A diferencia del indulto que el Gobierno de Sánchez concedió a los condenados por el 1-O, la figura de la amnistía no existe en la Constitución. Los padres de la Carta Magna decidieron deliberadamente que no cabía incluirla en su sesión del 3 de noviembre de 1977. «Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema». Además, cuando el proyecto de Constitución llegó a las Cortes, dos grupos parlamentarios presentaron sendas enmiendas para incluir esta figura, y ambas fueron rechazadas.

Junto a lo inconstitucional del borrado de los delitos –como defendía el Gobierno de Sánchez hasta las elecciones–, la eventual fórmula que elija el socialista puede añadir tensión a la situación. «La cuestión es cuándo se presenta la posible ley y cómo», explica Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo-CEU. «Si se presenta ahora (antes de que Sánchez sea investido) tendrá forma de proposición de ley, registrada por un grupo o varios en el Congreso, ya que el Gobierno está en funciones y en este caso poco puede hacer. Si el PSOE espera, el Rey podría tener la capacidad, al ser árbitro y moderador de las instituciones, de actuar e intentar convencer al posible candidato de no tramitar esta ley», considera.

En este sentido, Murillo también recuerda que mientras una proposición de ley no tiene que ser analizada por ningún órgano consultivo, un proyecto de ley del Gobierno sí debe hacerlo. La fórmula que eventualmente elija el Gobierno también es importante para Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, quien advierte que si el PSOE registra la ley en el Congreso antes de que Sánchez resulte investido, «efectivamente sería una falta de respeto institucional».

A la situación del Monarca, ante la posible cesión del líder socialista por las exigencias de los partidos independentistas para que este retenga La Moncloa, habría que sumar la defensa que hizo de la unidad de España. El referéndum ilegal de 2017 podría transformarse en uno aceptado por el PSOE y ahí entrarían en juego, también, las últimas referencias del Rey en su discurso de 2017 y su «firme compromiso» con la Constitución y con la democracia, su entrega «al entendimiento y la concordia entre españoles» y su «compromiso» con «la unidad y la permanencia de España».