El acuerdo con Junts divide al Gobierno y al independentismo
Sumar y Podemos, preocupados por la cesión de inmigración a Cataluña: «Pretenden dar una patada en el culo»
Los de Puigdemont acusan a ERC de no querer gobernar al rebajar el pacto sobre la gestión de los inmigrantes
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Los socios de gobierno del PSOE, esto es, los partidos que integran Sumar y sus aliados potenciales, llevan desde el miércoles mostrando sus recelos ante la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña que los socialistas pactaron con Junts en ... el marco de la negociación de los tres reales decretos leyes que se votaron en el macropleno del Congreso.
El acuerdo divide al propio independentismo, con ERC alertando de las posibles intenciones xenófobas de Junts y rebajando el acuerdo a una mera «declaración de intenciones» –según lo que les habría transmitido el ministro Félix Bolaños–. Y, a su vez, enfrenta al PSOE con sus socios: desde Sumar advierten que el partido de Carles Puigdemont está asumiendo discursos cercanos a la extrema derecha en materia migratoria y Podemos lamenta que la socialdemocracia y los verdes asuman los discursos, a su juicio, más racistas de Europa.
«No sabemos a qué se ha comprometido el PSOE con Junts, pero vemos difícil que el Estado ceda competencias de migración a una comunidad autónoma. Eso es algo que el PSOE y Junts tienen que explicar», responden a ABC fuentes de la dirección de Podemos, que al mismo tiempo hacen un «llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que se hagan discursos respetuosos con los derechos humanos».
Sumar y Podemos sospechan que las intenciones de Junts son negarse a acoger en Cataluña a los inmigrantes que llegan a costas españolas durante el reparto que asume el conjunto de las regiones. Intenciones que líderes de Junts como Laura Borràs, Jordi Turull y Míriam Nogueras han verbalizado esta misma semana.
El acuerdo ni es público ni se ha desarrollado por escrito, a pesar de que Gobiernos autonómicos como el del País Vasco de Iñigo Urkullu (PNV) o Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page (PSOE) estén pidiendo al Ejecutivo central más información. Mientras tanto, los secesionistas presumen de que el pacto verbal alcanzado el miércoles les permitirá controlar el reparto de inmigrantes que asumen las comunidades autónomas, las fronteras y los permisos de residencia.
Molestos en Sumar
No obstante, la cesión de estas competencias se deberá hacer mediante una ley orgánica que necesitará la mayoría absoluta del Congreso, como todas las de ese rango. Apoyos que, viendo la reacción generalizada, no está claro que haya. Preguntada ayer por esta situación, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno no aplicará ninguna política que vaya en contra de los derechos fundamentales. Intentó, así, trasladar el mensaje de que el Ejecutivo del que forma parte no respalda los mensajes de Junts y sus dirigentes.
«Hay un marco legal en España y hay directivas que son objeto de aplicación en nuestro país. Para nosotros, el respeto de los derechos fundamentales es crucial, sin ningún relativismo cultural y, por supuesto, con discursos que son absolutamente de inclusión y defensa de las personas que tienen derechos», expresó Díaz. «El Gobierno de coalición aplicará el marco legislativo de España y las directivas que son fuente de derecho y, por supuesto, el respeto absoluto a los derechos fundamentales», añadió.
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También en declaraciones a La Sexta, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, expresó anteayer que Cataluña sí debe tener competencias en la materia, pero admitió estar preocupada por las motivaciones de Junts, que en su opinión defiende un mensaje cercano al de la «ultraderecha» y teme –dijo– que quieran usarlas para «dar la patada en el culo» a los inmigrantes.
La portavoz adjunta de Sumar fue todavía más directa en sus críticas a Junts, según recoge Ep, y les acusó de querer «disputar» el voto de la extrema derecha en zonas como Ripoll (Gerona), ayuntamiento gobernado por Sílvia Orriols, que tiene un discurso «absolutamente racista». Orriols, independentista catalana de corte ultra, ha pedido expulsar de Cataluña a todos los inmigrantes irregulares.
«Estamos hablando de nuevo de derechos de ciudadanía, estamos hablando de derechos humanos, de gente que vive al límite y que el recibimiento que tenemos que darles no tiene nada que ver con esta patada en el culo que pretende hacer Junts, siguiendo los pasitos de la ultraderecha», expresó Vidal.
Fuentes de la dirección de Podemos, fuera del Gobierno y del Grupo Parlamentario Sumar, admiten su alarma en conversación con este diario. «Más allá de las cuestiones competenciales, estamos preocupadas de que se esté utilizando esto para extender un discurso que, una vez más, sitúa a las personas migrantes como un problema de seguridad», defienden desde el partido de Ione Belarra, advirtiendo igualmente que les preocupan «enormemente» las palabras de Junts.
Insisten estas fuentes en que el problema a atajar son «las políticas económicas que enfrentan al último contra el penúltimo» y «las políticas estructurales racistas que se lo ponen difícil a las personas migrantes con redadas basadas en el perfil étnico, muertes en fronteras porque no hay vías legales y seguras o la falta de un dispositivo de acogida de personas refugiadas que sea digno y adecuado».
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La exministra de Igualdad y secretaria Política de Podemos, Irene Montero, dejó una advertencia en Telecinco a PSOE y Sumar, partidos cogobernantes, después del acuerdo con Junts. «A mí me preocupa mucho que la socialdemocracia y los verdes y los liberales estén asumiendo las tesis de la derecha, que quieren construir una 'Europa-fortaleza'», zanjó.
«Renunciar a gobernar»
A esta crisis hay que sumar que la victoria parlamentaria de Junts se está traduciendo en un ensanchamiento de la grieta que los separa de ERC. La pugna por el control del movimiento independentista y la Generalitat no dan tregua. Y la inmigración es el mejor punto de desacuerdo.
Desde ERC rebajaron el acuerdo en materia de inmigración con los socialistas y Josep Rius (Junts) acusó al Govern –monocolor de Esquerra presidido por Pere Aragonès– de que «renunciar a las competencias en inmigración es renunciar a gobernar».
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