La UE aparca la oficialidad del catalán tras el fin de la presidencia española

Durante el semestre español, la oficialidad de las lenguas cooficiales —uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura— fue abordada en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales hasta en cuatro ocasiones, a pesar de las reservas por distintas razones de un gran número de países para modificar un reglamento, el de las lenguas oficiales, para el que cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27.

Ya en diciembre, varias delegaciones lamentaron que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo.

Fuentes oficiales de distintos Estados miembro consultados por Europa Press recalcaron que «no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión» y confiaron en que la cita de diciembre fuera la «última en una temporada» en la que se abordara este asunto, descrito por un alto diplomático como una iniciativa «mimada» por el Gobierno español.

En ese contexto, Bélgica, que el 1 de enero tomó el relevo de España como presidencia de turno del Consejo de la UE, dejó claro en diciembre su disposición a dar los «pasos adecuados» durante su semestre y prestar «especial atención a los distintos análisis requeridos» que, a día de hoy, siguen pendientes y sin un calendario claro para su desarrollo.

A ojos del equipo belga, una reunión de ministros no debe ser visto como «un grupo de trabajo» por lo que no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel hasta que no se den pasos significativos a nivel técnico primero.

Esta dinámica se confirmó este viernes al publicarse la agenda formal del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el 29 de este mes y que no incluye en su orden del día ninguna referencia a la petición española de reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

Con todo, fuentes de la presidencia rotatoria afirman que no «aparcan nada» sino que consideran que el asunto «necesita avanzar primero al nivel adecuado», esto es en reuniones técnicas, y una vez que los informes reclamados por los socios comunitarios estén sobre la mesa se podrá «poner de nuevo» en la agenda.

Además, advierten de que debe ser España quien «empuje» el expediente, habida cuenta de que de la iniciativa es de este país y de que sus socios siguen esperando información detallada de las implicaciones y alcance de los cambios que plantea. El Consejo está «a la espera» de recibir propuestas alternativas «compatibles» con los Tratados y que se apoyen en evaluaciones de impacto administrativo, jurídico y financiero.

España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y del Senado, hacen del expediente español un «caso único» que no sería extrapolable a otras regiones europeas; rebatiendo así las dudas de varios socios que temen un «efecto dominó» en sus territorios.

El Gobierno también ha asegurado que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, renunciando así a las disposiciones del propio reglamento de las lenguas de la UE que prevé que ese gasto corra a cargo de las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para introducir primero el catalán y dejar para más adelante, sin aclarar calendario, el desarrollo del euskera y del gallego.

En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso, pero no ofrecerá un análisis definitivo mientras el Consejo no tome posición formal sobre la petición española.

De hecho, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que su cálculo se basa únicamente en la experiencia de Irlanda con el gaélico, última incorporación al catálogo de lenguas oficiales de la UE en 2015, sin tener en cuenta otras variables como el número de traductores e interpretes disponibles, si existen bases de datos suficientes sobre terminología o los detalles del régimen de transición que propone España.