España busca sumar aliados para rebajar las exigencias de Bruselas

En este contexto el Ejecutivo de Mariano Rajoy apura la negociación con Bruselas para conseguir una moratoria en el objetivo de déficit, de tal modo que el 4,4% del PIB que estaba en el Programa de Estabilidad no se abandona, sino que se conseguirá en más plazo y no solo en este año, como estaba previsto inicialmente.

La idea es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, consigan arrancar de la Comisión Europea y del resto de países europeos en la importante cumbre europea que comienza mañana en Bruselas un poco de flexibilidad para que, dada la contracción del 1% prevista por la propia Comisión para España este año, se levante un poco la mano sobre el objetivo del 4,4% para el déficit de este año.

Otra de las posibilidades que están sobre la mesa es que si finalmente España no es capaz de lograr ajustar el desequilibrio de las cuentas públicas al 4,4% del PIB este año la Comisión Europea, cuando presente su informe sobre si España ha cumplido o no, constate que el déficit estructural del Estado se ha mantenido de acuerdo con los objetivos mientras que ha habido desviaciones en el déficit corriente. Esta «separación» de los déficits puede ser una vía para que España «mediocumpla» el objetivo, algo así como la última esperanza del Gobierno de Rajoy de cumplir con Europa.

El déficit estructural es el saldo primario ajustado del ciclo, en el que no se incluyen las medidas transitorias derivadas de todos los gastos extraordinarios para amortiguar el impacto de la crisis, como el aumento de la cuantía de los subsidios por desempleo o los aplazamientos extraordinarios de obligaciones tributarias, entre otros.

La realidad es que hay contactos constantes entre el Gobierno español, y del resto de países, tanto con los diferentes departamentos de la Comisión Europea como entre ellos. No hay que olvidar que las decisiones sobre la puesta en marcha de un proceso sancionador contra un país por no respetar el Pacto de Estabilidad se toman en el seno del Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, el Ecofin, y son por unanimidad.

Otra de las bazas que puede jugar el Gobierno español es la de intentar crear una corriente de opinión mayoritaria en Europa en el sentido de que, dada la contracción económica que azotará este año a una mayoría de países, incluida hasta la saneada Holanda, se tome una decisión de dar más plazo a todos los países para alcanzar el «acariciado» objetivo de tope del 3% de déficit público.

Oficialmente, la Comisión Europea está a la espera del análisis de los detalles de la cifra de 8,51% de déficit revelada el lunes por el Gobierno español y pide que el elabore unos presupuestos «con objetivos creíbles». El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, explicó en una comparecencia en el Parlamento Europeo que lo que le piden a España es «la información completa y las razones del desajuste durante 2011, además de la información del proyecto de presupuesto y de las medidas concretas de consolidación fiscal» que se pretenden llevar a cabo en 2012.

Por lo que se refiere a la posibilidad de flexibilizar los objetivos de déficit, Rehn volvió a ser extremadamente cauto: «Una vez tengamos esta información a lo largo del mes de marzo, podremos evaluar si España está tomando medidas efectivas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas». Funcionarios de la Comisión intentaron clarificar estas y otras referencias de responsables europeos sobre la posibilidad de que España pueda renegociar los objetivos de déficit, (como las declaraciones del presidente del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que espera que se produzca una «pequeña discusión» sobre España en la reunión de mañana) con la tesis de que desde el punto de vista del Ejecutivo comunitario «el margen de maniobra en este campo es mínimo».

Para la Comisión, según estas fuentes, lo más importante es que el Gobierno convenza de su determinación de «alcanzar los objetivos con reformas estructurales adecuadas». En todo caso, para la Comisión está claro que la recuperación económica «no se producirá con soluciones del pasado».