Las actas de ETA contaminan la labor del fiscal-jefe Zaragoza

Las actas de ETA que permanecen en la parte de la causa (del «soplo») que todavía sigue secreta, revelan cómo los interlocutores del Gobierno se justifican ante la banda por la detención de los miembros de la red de extorsión, el 20 de junio de 2006, en plena tregua. Estos arrestos son los que se tenían que haber llevado a cabo el 4 de mayo anterior y se frustraron por el chivatazo.

Uno de los mediadores del Ejecutivo habría asegurado a ETA que el Gobierno había hecho modificaciones para «blindar el proceso», tanto en Interior (con la llegada de Rubalcaba) como en la Audiencia Nacional (donde el hasta entonces fiscal-jefe Fungairiño fue sustituido por Zaragoza): «El Gobierno, por medio del fiscal, ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope».

Las fuentes antes citadas aseguran que no se muestran sorprendidas por el papel que estas actas atribuyen al fiscal-jefe. En este contexto enmarcan la sucesiva «sustitución» de fiscales en este asunto, que empezó en 2006 con Juan Moral (ya fuera de la Fiscalía de la Audiencia) y ya lleva tiempo a cargo de Carlos Bautista (mano derecha de Zaragoza). El 1 de octubre de 2009, este fiscal pedía el archivo de la causa al considerar que aunque «soplo» sí estaba acreditado, no se podía decir lo mismo de su autoría. Luego, con Garzón fuera de su juzgado y con una investigación relanzada por el juez Ruz, Bautista no sólo pedía más diligencias, sino que admitía que los tres imputados podrían haber cometido un delito de revelación de secretos. No así de colaboración con ETA.

El propio Zaragoza señaló ayer a ABC que él no llegó a la Audiencia Nacional para «blindar ningún proceso» y que sólo hay que ver la memoria de 2006 para comprobar que su departamento no bajó la guardia en la lucha contra ETA. Por su parte, Fungairiño, fue tajante: «No hace falta ser muy inteligente para saber que me cesaron por exigencias de los terroristas», dijo a Ep.