El PP asegura que están muy cerca del acuerdo con el PSOE para reformar la Constitución

La dirigente popular ha subrayado que esto ha sido posible "gracias a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, han compartido, desde que se planteó la reforma, la necesidad de emprenderla".

Además, ha explicado que los contactos entre ambos han sido "frecuentes y constantes, con intercambio de documentos", para dirigir la negociación que se ha desarrollado por parte de las direcciones de los grupos parlamentarios.

"El PP tiene la convicción de que en las próximas horas se terminen de cerrar los últimos retoques del texto que, de forma conjunta, se presentaría para su debate y aprobación en el Pleno de la próxima semana", ha indicado.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque este "compromiso de estabilidad presupuestaria ha de suponer un avance para la confianza en la economía española, y la base para abordar las reformas que necesita para su recuperación".

Según Sáenz de Santamaría, se está trabajando por un texto que "garantice la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar y el mantenimiento de los derechos sociales, gracias a un principio de estabilidad presupuestaria". Según han informado a ABC fuentes populares durante el dái, son el propio presidente del Gobierno y el líder de la oposición quienes están dirimiendo personalmente los entresijos de la reforma constitucional que fije ese límite. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy están llevando directamente la negociación para alcanzar un acuerdo en torno a la proposición de ley.

Ambos dirigentes han estado hablando personalmente estos días, antes y después de que el presidente del Gobierno llevase esta propuesta al debate parlamentario el pasado martes. Las mismas fuentes añaden que durante esta jornada se han intercambiado varios documentos. Sin embargo, desde las filas del PP no se ha querido revelar el contenido de los textos que se están cruzando apelando a la "lealtad" hacia los negociadores. Sí que destacan que la negociación "avanza", que no se han producido "serias discrepancias" y que hay "sintonía" desde el primer momento.

Las mismas fuentes no han entrado a enjuiciar la la propuesta que ha hecho pública el entorno del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba , para que la reforma de la Carta Magna para limitar el déficit no incluya cifras concretas , sino que éstas se reflejen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se está negociando paralelamente a la reforma constitucional. La propuesta de Rubalcaba proviene del malestar que ha generado la intención del presidente del Gobierno de fijar un techo constitucional al déficit en las huestes socialistas, con algunos diputados que han amenazado incluso con dejar su acta como diputado si prospera esta iniciativa con la que Zapatero se despedirá de su segunda y última legislatura.

Ante esta propuesta de Rubalcaba, desde el PP se recuerda que son Zapatero y Rajoy los que están "hablando personal y directamente" sobre este tema e intercambiando los documentos,

El Partido Popular quiere sumar a más grupos parlamentarios al consenso y con este objetivo el presidente del PP conversó el pasado martes con el portavoz parlamentario de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, informa Ep. Asimismo, también la dirección del Grupo Popular que preside Soraya Sáenz de Santamaría estuvo en contacto este miércoles con Duran para informarle del contenido de las negociaciones, aseguran las mismas fuentes consultadas. Durante el debate que se celebró el pasado martes en el Pleno del Congreso, el portavoz de los nacionalistas catalanes afirmó que no se oponía al espíritu de esta reforma constitucional pero que quería conocer la letra.

Aunque sin implicarse directamente en la negociación, Duran también ha mantenido conversaciones telefónicas con miembros del gobierno español y del PSOE y ha condicionado el apoyo de su grupo a la reforma no solo a que no incluya cifras concretas sino también a que no limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas, según fuentes de CiU en el Congreso.