C’s, PSC y PP llevarán al TC las leyes de ruptura del Parlament

La Mesa del Parlament decidió ayer que las tres leyes de desconexión se tramitarán en ponencias conjuntas . Pese al informe de los servicios jurídicos de la cámara que cuestionaron su viabilidad y hasta sugirieron que podría ser inconstitucional porque una mayoría de los grupos de la cámara, cuatro de seis ,–C’s, PSC, Catalunya sí que es pot y el PP– ni las apoyan y ni tan siquiera participarán en ellas.

El vicepresidente de la Mesa, Lluís Corominas , declaró a los medios que la Mesa –con el único apoyo de los miembros Junts pel Sí, mayoritarios– rechazó sendos recursos de reconsideración de C’s, PSC y PP que i nstaban a recapacitar la aprobación de las ponencias de estas leyes. Se las denomina oficialmente leyes de protección social, de la de administración tributaria y la de régimen jurídico para intentar sortear su impugnación.

Ante esta decisión –que también secunda la CUP, sin voto en la Mesa– los grupos de Ciudadanos, PSC y PP confirmaron que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la creación de las ponencias. Entienden que se están vulnerando los derechos de su diputados. A todo esto, desde el Gobierno ya se anunció la semana pasada la impugnación de las ponencias ante el TC tan pronto como comiencen a trabajar.

Por su parte el portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela , señaló que no están de acuerdo con la decisión y que no participarán en las ponencias. Con todo, manifestó su intención de no abordar este asunto por la vía judicial. Porque considera que se tiene que tratar desde el punto de vista político.

Según explicó el vicepresidente primero del Parlament, Lluís Maria Corominas , la Mesa expondrá los argumentos por los que ratifica la creación de las ponencias y desestima las peticiones de reconsideración «en una resolución motivada» en la que recuerda que se cumplen los requisitos legales para que sean creadas las ponencias conjuntas . Lo justificó, entre otros argumentos, porque el artículo 126 de la cámara catalana permite la creación de una ponencia conjunta cuando lo reclaman al menos dos grupos parlamentarios. Aunque Corominas obvió, como sí señalaron los letrados del Parlament en su informe, que esa norma se aplica sólo para leyes que desarrollan competencias del Estatuto catalán. Y no es el caso.

« En democracia ningún político puede silenciar a otro por pensar diferente», argumentó el portavoz adjunto de Ciudadanos. «Por primera vez en la historia del Parlament, se impone contra la voluntad de la mayoría de los grupos la creación de unas ponencias conjuntas», se lamentó su homólogo del PPC, Enric Millo.

Desde el PSC, su portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret , aportó un revelador argumento: « Son sólo una estrategia electoral para ocultar el texto de las leyes tanto como sea posible y evitar una actuación del TC».

Y es que, al margen de las explicaciones públicas en favor de la participación, el empecinamiento de Junts pel Sí y la CUP en tramitar las leyes de desconexión en ponencia conjunta obedece a una táctica para sortear a los tribunales . De hecho, el propio diputado socialista Ferran Pedret reveló que la portavoz parlamentaria de JpS, Marta Rovira (ERC), les admitió en la Junta de Portavoces de ayer que la ponencia conjunta era el único procedimiento que les permite no presentar un texto susceptible de ser recurrido por el Gobierno ante el TC. A diferencia, por ejemplo, de su tramitación como proposición de ley, como les sugerían los letrados de la cámara, o de un proyecto de ley presentado por la Generalitat.

El sigilo es tanto entre las filas de JpS y la CUP que hasta se plantean forzar al máximo el reglamento de la camára y no hacer públicos los borradores de las tres leyes que se desarrollarán en el seno de las comisiones de Trabajo, Gobernación y Economía.

El objetivo es apurar los plazos y prórrogas de manera que se haga coincidir la obligada publicación de las proposiciones de las tres leyes en el Boletín Oficial del Parlament con el final de la legislatura. Sería al final de los 18 meses que según la hoja de ruta secesionista debe durar la legislatura, en la primavera de 2017.