La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también quiere que el Estado defienda a Llarena en Bélgica

En un comunicado, la UPF, ante la demanda civil interpuesta contra Llarena en Bélgica por el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsllers, «ratifica su compromiso en defensa de la soberanía e independencia de la jurisdicción española» .

En este sentido, tacha de «inasumible» e «improcedente» el intento perpetrado por los exdirigentes independentistas de «fiscalizar o enjuiciar» la actividad de un magistrado español ante órganos judiciales extranjeros.

«El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del Estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales», ha esgrimido esta asociación, que ha manifestado su «unidad» en torno a Llarena y la «necesidad» de que el Estado se persone en el procedimiento judicial.

Este viernes ya se habían pronunciado en la misma línea todas las asociaciones de jueces y fiscales --con la excepción de las progresistas Jueces para la Democracia y de la UPF-- en un comunicado conjunto promulgado inicialmente por la Asociación Profesional de la Magistratura.