Tres décadas de maniobras del PSOE para el control ideológico de la justicia

La obsesión de los jueces por sacudirse las etiquetas ideológicas que se les asignan en esta atmósfera política tan polarizada, a menudo de forma simplista e injusta, quedó hace tiempo abocada al fracaso. La «politización de la justicia» y la «judicialización de la política» ya se confunden en un magma irreversible, y los legítimos esfuerzos del poder judicial por reivindicar su independencia ante la ciudadanía han resultado fallidos.

Podemos lleva años cultivando un discurso incendiario contra un concepto pretendidamente elitista de la judicatura. Pablo Iglesias, ahora en el trance de una posible imputación penal ante el Tribunal Supremo, siempre utilizó su discurso antisistema para agitar banderas contra una justicia anacrónicamente conservadora, y viciada de un atavismo ideológico «descompensado» que perjudicaba a la izquierda. Incluso, ha convertido su pugna contra la separación de poderes en un mantra de clasismo social: es la derecha adinerada la que se permite acceder a la carrera judicial frente a una clase obrera y humilde sin capacidad para ello. «Y esto va a cambiar», dijo recientemente un ministro de Podemos. Hasta ahora, el PSOE jamás se había sumado a esta tesis tan demagógica -le bastaba con acusar al PP de un bloqueo sistemático-, pero el giro dado ahora por Pedro Sánchez es revelador por la contundencia de su reforma, los visos de su aparente inconstitucionalidad, y su carácter unilateral.

De hecho, atrás quedan 35 años de iniciativas legislativas del Partido Socialista planteadas exclusivamente para abarcar más cuota de representación en el poder judicial. En su origen, y antes de que entrara en vigor la primera ley orgánica en democracia que regulaba el Poder Judicial, estaba vigente una ley «provisional» que databa originariamente de 1870, reformulada después en 1882. Fueron 115 años de «provisionalidad» hasta que la primera ley orgánica aprobada en 1980 creó lo que se dio en llamar Consejo General del Poder Judicial. Su primer presidente fue Federico Carlos Sáinz de Robles, y de los veinte vocales previstos, doce eran elegidos por jueces, de entre los propios magistrados.

La llegada en 1982 del primer Gobierno de Felipe González con una abrumadora mayoría absoluta movió al PSOE en 1985 a modificar el sistema para ejercer un control parlamentario -político- sobre las designaciones. Fue en aquel año cuando se le atribuyó a Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno la máxima de que «Montesquieu ha muerto» , en referencia a la separación de poderes. Ya entonces el PSOE consideraba que permanecía en el poder judicial una «herencia» franquista que debía corregirse.

Desde aquel momento, se invirtieron los términos de la representatividad que correspondía a la carrera judicial. Seis vocales pasaron a ser elegidos por el Congreso y seis más por el Senado, y este sistema fue ratificado en 1986 por el Tribunal Constitucional, eso sí, con la severa advertencia de que el Poder Judicial no debía ser sometido a una mera «proyección de fuerzas partidistas», por lo que la mayoría necesaria de tres quintas partes de cada Cámara para afrontar cada proceso de renovación se consideraba una garantía institucional que requería de una especial protección y, por tanto, de un consenso entre dos partidos mayoritarios.

En 2004 se produjo una segunda reforma legal orientada a esa estrategia de la izquierda por aumentar su cuota de influencia en la judicatura. José Luis Rodríguez Zapatero acababa de ser designado presidente del Gobierno y planteó una reforma urgente de la ley orgánica del poder judicial para que los nombramientos más relevantes -magistrados que debían cubrir vacantes en el Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia o audiencias provinciales- lo fueran con el voto de tres quintas partes del Consejo.

Se trataba de crear una «minoría de veto» frente a la mayoría conservadora que aún se mantenía en el CGPJ desde el Gobierno de José María Aznar. Con esa reforma, el PSOE se desdecía abiertamente del Pacto de Estado por la Justicia que había sellado con el PP en 2001.

Un tercer ejemplo ocurrió en 2007, cuando esta vez se llevó a cabo una modificación de la figura del fiscal general del Estado , de manera que se le forzaba a finalizar su mandato de forma automática al mismo tiempo que el del Gobierno que no lo nombró. Fue una etapa convulsa en el Ministerio Público, en la que el fiscal general se convertía poco menos que en un «cargo de confianza» más del presidente del Gobierno, y en la que se produjo una profunda reforma interna de la cúpula fiscal, con la ampliación artificial del número de fiscales de Sala para afrontar lo que el PSOE denominó un «reequilibrio ideológico» de la Fiscalía, atribuyendo a cada fiscal de Sala un mandato fijo mínimo de cinco años.

En 2007, con Rodríguez Zapatero también en su primera legislatura, el PSOE impulsó junto a Iniciativa per Catalunya-IU y la extinta CiU una reforma exprés de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo objetivo era prorrogar, automáticamente y sine die, el mandato de la entonces presidenta del TC, María Emilia Casas . La inicial pretensión política del Gobierno era garantizar su voto de calidad en caso de que las deliberaciones y votaciones en ese tribunal -con los sectores conservador y progresista muy enfrentados entonces- concluyesen en empate.

Y ahora, en 2020, Pedro Sánchez plantea, como proposición de ley para burlar los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, una rebaja de los tres quintos de los escaños para que sea la mayoría absoluta quien pueda elegir a los doce vocales «judiciales» del Consejo. Es literalmente el mismo sistema que el aprobado por el Gobierno polaco -«ultraderecha», según el PSOE- para que si en primera votación no se logra la mayoría cualificada, sea suficiente la absoluta en segunda votación. Convivirían así en el mismo Consejo dos sistemas de elección diferentes -uno para elegir a 8 vocales y otro distinto para 12- con visos de posible inconstitucionalidad. De prosperar esta iniciativa, el PSOE y Podemos podrían garantizarse hasta 17 cargos de 20 en el poder judicial, algo inédito en nuestra democracia.