Sánchez arrastra a España a ser examinada por el Consejo de Europa con su reforma del CGJP

Precisamente por esta característica fundacional no es habitual que una potencia europea, como podría ser España, tenga que recurrir a los dictámenes de esta institución supranacional, compuesta por 62 estados miembros entre los que figuran los 47 del Consejo de Europa más otros actores de gran peso internacional entre los que destacan Estados Unidos, Israel o Brasil. Suena raro porque a España, igual que a Francia, Italia o Alemania, se le presupone un sistema democrático bastante bien engrasado y que no necesita de la asistencia legal que sí precisan las democracias florecientes. No obstante, el interés del Gobierno por variar el sistema de elección de los magistrados del CGPJ designados por el poder legislativo puede situar a España al nivel de Moldavia, Albania, Rumanía o Montenegro , por citar algunos ejemplos de los países que habitualmente son objeto de opiniones en materia judicial por parte de Venecia.

El toque de atención de la Comisión Europea a España, junto con el ruido que han provocado las intenciones del Gobierno en Bruselas, pueden desembocar en que la Comisión de Venecia tenga que evaluar el caso. Por el momento el procedimiento no ha arrancado pero, como exponen las fuentes jurídicas consultadas, únicamente bastaría con que una institución nacional o comunitaria lo solicitara. Puede hacerlo el propio Gobierno si atiende el consejo de los portavoces comunitarios, el Congreso de los Diputados o también el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa.

Por el momento, según avanzó EP, el Ejecutivo no ha solicitado el examen. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa escribió a Ursula Von der Leyen. En la misiva, la europarlamentaria de Ciudadanos explica el recorrido y las consecuencias que la reforma podría tener para España y pide a la presidenta de la Comisión Europea que se implique en este problema: «Le pido humildemente que tome medidas al respecto, e incluso lleve el caso a todas las instancias posibles para la evaluación de proyectos de ley, como es el caso de la Comisión de Venecia».

Esta carta se une al aviso que el PP ya elevó a Sánchez desde España: si la reforma sigue adelante en estos términos, el tema acabará en Europa, donde el grupo popular comunitario podría recabar los apoyos necesarios para que la Unión solicite el examen del comité veneciano. La opción también agrada a los eurodiputados secesionistas, que ven la ocasión para deslegitimar a la Justicia española con el pretexto de que está politizada, algo que utilizarían después los abogados de Puigdemont.

La Comisión de Venecia no elabora siempre documentos sobre un tema tan concreto como puede ser la forma de elección de los miembros de un consejo judicial, ya que no todos los estados tienen una figura similar al CGPJ español. No obstante, tampoco es un tema que suene extraño en el seno judicial de la institución, que en el pasado ya formuló dictámenes con recomendaciones que podrían servir como referencia para el caso español, si llega a dicha instancia.

En el año 2007, en un documento de carácter genérico de la Comisión de Venecia, ésta expuso su doctrina sobre cuál sería la manera de proceder más democrática al abordar cambios en la elección de los consejos de los poderes judiciales. En la opinión CDL-AD(2007)028, este organismo especifica que la alternativa preferible para estos casos es que «los miembros de los consejos judiciales sean elegidos por los propios jueces», si bien reconoce que el poder legislativo podría escoger una parte pero siempre en aras de la salvaguarda de la pluralidad. Se evitaría que se creara una especie de casta judicial que se autoprotegiera, como interpretan fuentes jurídicas consultadas por este diario.

En otra opinión de la Comisión, en este caso dictaminada en 2017 en relación a la reforma del poder judicial de Polonia -CDL-AD(2017)031-, los expertos aportan unas conclusiones que podrían servir como piedra de toque para el caso español al tratarse de un ejemplo similar. En su documento, la Comisión insiste en elegir a los representantes del poder judicial por mayorías reforzadas y no abrir la puerta a la mayoría simple, justo como apunta el plan del Ejecutivo de PSOE y Podemos: «La mayoría cualificada favorece que el Gobierno y la oposición encuentren figuras más neutrales, un mecanismo que dejaría de ser sería eficaz si en la segunda votación los candidatos que apoye únicamente el Gobierno pudieran ser elegidos por una mayoría simple».

Si finalmente cristaliza una solicitud institucional, ya sea desde España o Bruselas, la ponencia sobre la propuesta de reforma se repartiría entre los expertos constitucionalistas -nunca pueden ser del país afectado- del organismo y arrancaría el procedimiento. En el escenario más optimista, podría haber un dictamen, que no es vinculante aunque sí relevante a nivel internacional, antes de fin de año, ya que la Comisión de Venecia se reúne trimestralmente y su próximo encuentro está previsto para diciembre.

España ya ha sido examinada por este comité en otras ocasiones, escasísimas al comparar el balance con los países del este, y relacionadas en su mayoría con el problema secesionista en Cataluña. No obstante, impacta la posibilidad de que una reforma judicial española termine siendo evaluada por un organismo que habitualmente tiene en el radar a países que buscan consolidar su democracia. En 2018, el Consejo evaluó reformas judiciales de Malta, Moldavia, Rumanía, Macedonia del Norte, Montenegro, Georgia o Kazajistán; en 2017, de Armenia, Bulgaria, Ucrania, Turquía, Polonia , Macedonia del Norte y Moldavia; en 2016, de Albania, Moldavia y Kazajistán; y en 2015, de Georgia, Montenegro, Moldavia, Bulgaria, Ucrania y Macedonia del Norte.