Torra pone a prueba el apaciguamiento a toda costa de Sánchez

De hecho, más que acuerdos puntuales -lo más que se espera es encauzar futuras negociaciones a las distintas comisiones bilaterales-, de lo que se trata es de consolidar la «desescalada» que pretende imponer Sánchez a cualquier precio e iniciar un diálogo que permita recuperar unos mínimos de normalidad institucional. Solo el hecho de que un secesionismo que no ha renunciado a ninguno de sus objetivos y siga amagando con la unilateralidad haya aceptado la reunión ya se vende como un avance.

Esa es la tesis del Gobierno, ya que desde la Generalitat, al menos de manera aparente, no hay más guión que el del derecho a decidir y los presos, tal y como quedó claro en el documento de folio y medio que la consejera Artadi remitió a la ministra Batet a modo de propuesta de « orden del día ».

Todo, en realidad, es gestualidad y política de apariencias. Con un independentismo que se sabe debilitado pese a haber recuperado el Govern, se dan por satisfechos con el hecho de acudir a La Moncloa a practicar un « diálogo sin cortapisas », escaso bagaje para un movimiento que en otoño aseguró haber proclamado la República catalana. La aprobación de una moción rupturista en el Parlament el pasado jueves -con el consiguiente recurso al TC del Gobierno-, o los insultos a la Monarquía, son desplantes con los que Torra y su gobierno tratan de mantener el tono entre un independentismo que no ve República por ningún lado y asiste desconcertado a la división imperante: por un lado los irredentistas liderados por la ANC, Puigdemont y Torra, y por otro la dirección de ERC y el PDECat.

Los primeros rebajan expectativas sobre los resultados de la reunión de hoy, los segundos querrían que la misma diese paso a un periodo de deshielo. Los primeros maniobran y gesticulan -sin cruzar líneas rojas, se subraya desde el Gobierno-, los segundos siguen sin atreverse a desmarcarse. En uno y otro lado se reconoce que caminan sobre el hielo, en tanto que a la vuelta del verano la celebración de los juicios a los políticos encarcelados puede disparar la presión en la calle. En un argumento este sí compartido, Generalitat y Gobierno sostiene que legalidad y política transcurren en planos distintos.

La decisión de impugnar la resolución del Parlament del jueves ha permitido a Sánchez llegar a la reunión poniendo encima de la mesa una advertencia. Pero a la vez se insiste en el deseo de no tener que volver a actuar en tal sentido. Encima de la mesa se abordarán cuestiones que tienen que ver con la financiación, la reducción de litigiosidad ante el Constitucional o la propuesta estrella de los socialistas: recuperar parte del Estatuto enmendado por el TC mediante un desarrollo normativo vía ley orgánica. También existe la aspiración de poder hablar sobre la deuda de Cataluña, aunque en La Moncloa advierten de que esa es una posibilidad contemplada para todas las comunidades. Y es que en las federaciones socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón preocupa la visibilización de un trato diferenciado.

Por ejemplo, en lo relativo a ligar las inversiones del Estado al PIB de cada región, que no gusta en Andalucía. O que la negociación de la deuda no afecte a todos, que rechazan en Extremadura o Castilla-La Mancha: «Todo lo que afecte a todos hay que hablarlo con todos». En La Moncloa se intenta conjurar ese temor. Se bajan expectativas y tampoco se espera que Torra salga con un discurso diferente. «El Gobierno va a escuchar, analizar y actuar. Lo más importante para el presidente ahora es escuchar», aseguran desde su equipo, donde se considera que salir con la posibilidad abierta de un nuevo encuentro ya sería un paso.