El Supremo ve razones de interés general para exhumar a Franco

Los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo dieron luz verde a la exhumación por «razones de interés general», un motivo por el que rechazaron «en su totalidad» el recurso de la familia Franco, según informaron fuentes jurídicas. La desestimación de todas las pretensiones significa que el Supremo ve conforme a Derecho la prohibición del Ejecutivo de inhumar al dictador en la cripta de la Catedral de La Almudena , donde la hija del dictador, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos. El objetivo de la familia, si no lograba evitar la exhumación, era llevar sus restos allí.

El Gobierno alegó motivos de seguridad para rechazar La Almudena , justificando que su ubicación en el corazón de Madrid generaría riesgos de orden público, amenazas terroristas y posibles choques entre partidarios y detractores. Con esta decisión, los jueces estarían avalando indirectamente el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, aunque ellos no apuntan explícitamente cuál debe ser el destino.

La decisión del Supremo responde únicamente a criterios jurídicos , insisten fuentes de la Sala, formada por magistrados de diversas sensibilidades. Ellos tenían claro que una decisión tan delicada no debía contar con votos particulares para evitar su utilización política. Sobre el aval colectivo a la exhumación nunca hubo dudas, pero los magistrados eran más cautos sobre la impugnación del destino de los restos. Si la prohibición de trasladarlo a La Almudena podía comprometer los derechos de la familia, o si debía prevalecer el interés general y la seguridad a la que apelaba el Gobierno socialista generó más debate.

Según ha podido saber ABC, los magistrados de lo contencioso-administrativo acudieron al pleno de ayer con toda la documentación estudiada y avalaron por unanimidad el borrador que llevó el ponente de la resolución, el magistrado Pablo Lucas , un miembro de peso, muy respetado en la casa.

El estudio previo y la ausencia de puntos de controversia hicieron que el fallo se alcanzase con rapidez , tras una reunión de apenas una hora y media. La sentencia que contendrá los argumentos, basada en el borrador de Lucas, se conocerá en los próximos días, arrojando luz sobre la decisión.

La familia Franco, en declaraciones a ABC, mostró su profunda «decepción» por el fallo del Supremo. «Nunca imaginamos que el Tribunal Supremo, y menos por unanimidad, validaría una decisión contraria a Derecho tomada por el Gobierno», comentó el abogado familiar, Luis Felipe Utrera-Molina, según informa Enrique Delgado. El abogado avisa de que los nietos del dictador recurrirán pidiendo amparo al Constitucional y, después, podrían incluso continuar la batalla legal en Estrasburgo. En el recurso de amparo, una acción para denunciar vulneraciones de derechos, podrán solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permite paralizar una decisión en casos de urgencia excepcional, una vía que rara vez tiene éxito. La familia no podrá dar este paso hasta que se notifique la sentencia.

A pesar de la decisión del Supremo, el proceso para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos afronta un obstáculo que todavía no se ha levantado, en otra batalla legal. El juez de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusti Basterreche, tiene pendiente de resolver si mantiene la paralización de la licencia de obra para levantar la sepultura de Franco.

La decisión del Alto Tribunal -la cumbre del sistema judicial- no tiene efectos inmediatos en este proceso, que adoptó una medida cautelar urgente; aunque se prevé decisiva en la resolución de fondo sobre el asunto. La argumentación del Supremo podrá ser utilizada por la Abogacía del Estado para convencer a este magistrado .

El pasado 25 de febrero, Yusti acordó suspender el informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que declaraba admisibles las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia. Según él, que fue recusado sin éxito por un artículo en el que se oponía a la exhumación, las obras no eran seguras; una apreciación para la que no hacía falta ser arquitecto ni ingeniero, dijo.

El magistrado -que celebrará una vista para escuchar a las partes previsiblemente a lo largo de octubre- tiene todavía que dictar sentencia. Su decisión será recurrible ante el TSJM.