El juez imputa a Marta Rovira, Artur Mas y Anna Gabriel en la causa por rebelión

A todos ellos les ha señalado la Guardia Civil, quien les sitúa en el equipo organizador del referéndum independentista ilegal celebrado el pasado 1 de octubre y con un rol decisivo en el plan secesionista ilegal, cuyos pasos fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Aunque no les cita todavía a declarar, el juez les comunica que están imputados para que puedan defenderse de las sospechas.

Apoyado en los indicios recopilados por lo investigadores, el juez argumenta que los nuevos investigados han ejercido una participación principal en el proceso de ruptura , «aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron esto proceso a término».

Estos indicios se sustentan en los documentos hallados en el domicilio de Josep María Jové , el número dos de Oriol Junqueras: la hoja de ruta unilateral del documento «Enfocats», y la agenda manuscrita en la que se recogían todas las reuniones de los líderes independentistas. Estos encuentros sirvieron para «idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga», concluye el juez Pablo Llarena.

La Fiscalía, por su parte, ha pedido al juez del Supremo Pablo Llarena que cite como investigados en la causa abierta por rebelión al exmayor de los Mossos Jose Lluis Trapero y a Josep María Jové , segundo de Oriol Junqueras, y al que se le intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista.

En su petición a Llarena, a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía, que reclama que el Supremo se haga con la investigación a Trapero que quedó en la Audiencia Nacional, solicita pedir un informe a la Dirección General de los Mossos d'Esquadra sobre la entrega el 1-O de teléfonos móviles a agentes que realizaron labores de vigilancia para la comunicación con sus unidades y responsables.

La Fiscalía, cuyo escrito coincide con la decisión de Llarena de imputar a Artur Mas, a Marta Rovira y Anna Gabriel en esta causa, solicita además que el Supremo pida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las actuaciones que han llevado a cabo para frenar el proceso independentista en Cataluña.