Llarena investiga si otros líderes independentistas, como Marta Rovira, cometieron también rebelión

En concreto, el juez pretende esclarecer y justificar si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC y Omnium , así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) en el que todos ellos hayan compartido una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. También pregunta si algunas de estas entidades han sufragado algunas de las actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.

El magistrado trata de esclarecer si estos partidos políticos y asociaciones «o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia».

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrantamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados. Además, pide a la Guardia Civil un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados «Comité de Defensa del Referéndum» y «Comité de Defensa de la República» y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento «Enfocats». Marta Rovira, además de candidata de ERC, era una de las integrantes de ese comité (en calidad de portavoz parlamentaria) junto con los presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y otros.

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

Por último, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el exconsejero de Interior Joaquim Forn, también en prisión preventiva, en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.

El magistrado reclama también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los miembros de la mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.

En las querellas que la Fiscalía presentó en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo ya pedía que se solicitara a los juzgados que instruyen causas relacionadas con los preparativos y la jornada del referéndum todo aquello que afectara a esta investigación por rebelión. Hasta ahora el magistrado Llarena ya lo había hecho con el TSJ de Cataluña y con la propia Audiencia Nacional.