El Supremo complica el indulto del Gobierno a los presos del «procés»

El informe del Supremo sobre la concesión de esa medida de gracia no es vinculante para el Gobierno (tampoco el de la Fiscalía), pero pone en una situación comprometida al Ejecutivo de cara a su motivación, pues si es ya es cuestionable otorgar un indulto con informes desfavorables, hacerlo con el precedente de los autos dictados ayer va a suponer un esfuerzo titánico si finalmente los otorgan. El Gobierno tiene capacidad para decidir al margen del posicionamiento, pero actuar de forma absolutamente contraria a los mismos será complejo. Ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , aseguró que no tiene opinión sobre los indultos «mientras no conozca los informes», intentando así demostrar que le importan.

El tribunal del «procés» considera «prematura la semilibertad de los presos, pues es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario», más cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte».

En los nueve autos, de contenido similar, los magistrados explican que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena –que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad– es excepcional y exige «una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno» que ya ha cumplido esa cuarta parte.

El tribunal no se queda ahí, y en la contestación a los escritos de las defensas recuerda que los condenados no lo están por defender sus ideas. Lo hace, entre otros, en el escrito relativo a Oriol Junqueras, a quien Pablo Iglesias quiere fuera de la cárcel antes de las elecciones catalanas , para pagar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales y como forma de estabilizar la legislatura. «Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema», señala la Sala.

Advierte, además, de que su sentencia no tiene que ser reinterpretada por nadie, pues en ella se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos probados y su «efecto demoledor para la convivencia democrática». En este punto alude también a la administración penitenciaria catalana respecto de lo que debería ser «el adecuado cumplimiento de sus funciones». Las Juntas de Tratamiento no son «una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso (…)», dice.

El Gobierno asiste con inquietud a una cuestión que inundará la campaña de las elecciones catalanas. La apuesta por paliar la situación de los presos y acelerar su excarcelación es inequívoca. Pero el Ejecutivo se aproxima a esta cuestión con distintos enfoques. El vicepresidente Iglesias quiere que los condenados estén libres para poder participar en la campaña catalana. Su lectura es que facilitaría a ERC la digestión de pasar de un «Govern» nítidamente independentista a uno de corte soberanista, que es en lo que se configuraría el tripartito anhelado por Iglesias. «Existe un consenso en que deben salir de la cárcel para normalizar la política catalana », reconoce un ministro de la órbita de Iglesias. Esa es la tesis del vicepresidente que, no obstante, en esta cuestión se limita a pedir en público que los presos salgan de la cárcel lo más pronto posible. Mientras lanza a sus diputados Jaume Asens y Pablo Echenique a exigir que sea antes de las catalanas. Ayer Calvo limitó esos pronunciamientos a meras opiniones en el marco de la precampaña catalana. «Pero el Gobierno no funciona así», zanjó.

Y es que en las filas socialistas el enfoque es diferente a la premura que plantean en Podemos. Resaltan fuentes gubernamentales que en este tema podrá generarse debate pero que se impondrá «lo que decida el presidente». Inciden fuentes del Consejo de Ministros que este «no es como un debate sobre políticas económicas donde hay margen para hacer concesiones». Aunque no se menciona, entra en escena la preferencia del PSC, que publicó ABC esta semana, por no promover los indultos antes de ir a las urnas .

La contundencia del pronunciamiento del Supremo «prefigura cuál va a ser su posición» en el informe sobre el indulto, reconocía ayer un ministro consultado por este diario. Entre los ministros socialistas con peso, de los que pueden debatir con Sánchez cuestiones de fondo, se mostraba convencimiento desde hace días en que «no habrá que pronunciarse antes de las catalanas» . Ayer Calvo se refirió a que los indultos que menos tardan desde que se inicia su tramitación duran «cuatro o cinco meses», lo que haría muy complejo llegar al 14 de febrero.