Sorpresa en Bruselas por la actitud de complacencia del Gobierno socialista

Es muy poco habitual que los portavoces de la Comisión tengan que reiterar que «es competencia de los países miembros la aplicación de las sanciones y, por supuesto, esperamos que se cumplan» porque su efectividad se basa en el hecho de que no haya resquicios. En este campo la Comisión ha explicado claramente que no es algo voluntario sino que por lo que respecta a este asunto, «no hay opción, tienen que hacerlo».

El hecho obvio de que le corresponde también al propio Gobierno español determinar si un acto viola o no las sanciones, como la prohibición de entrada en el territorio europeo, refuerza la perplejidad con la que se ha visto la situación creada solo un día después de la visita a Bruselas del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó , recibido con todos los honores por el Alto Representante, Josep Borrell , que, para colmo de contradicciones, en su anterior cargo formaba parte del Gobierno de Sánchez.

En la página oficial del jefe de la diplomacia europea se señala claramente que se entrevistó con «el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana», que es una cualidad que le ha discutido el actual vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias , para quien Guaidó no es más que «un opositor importante».

El eurodiputado popular Esteban González Pons , envió ayer una pregunta escrita al propio Borrell para pedirle que defina si lo que sucedió en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas «supone o un incumplimiento flagrante» de las medidas sancionadoras que la propia UE había aprobado y le pide que «en caso de que sea así, indique las medidas que tiene previsto tomar para hechos como este no vuelvan a repetirse».

La posición oficial de la Unión Europea es que las últimas elecciones presidenciales en Venezuela fueron fraudulentas y que, por tanto, la presidencia que ostenta el dictador Nicolás Maduro es ilegítima. En dos ocasiones sucesivas, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores ha impuesto y ampliado las sanciones más duras del arsenal con las que cuenta a los altos dirigentes del régimen (la congelación de todos sus haberes en bancos y entidades europeas y la prohibición de entrar en el espacio Schengen) acusándoles de graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, no todos los países reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado.

El caso más sorprendente entre los que no han dado ese paso es la excepción de Italia. Los habitual en este tipo de situaciones es que la corriente europea se alinee en torno a la opinión del país al que se le atribuye una mayor influencia sobre el terreno. El problema es que en estos momentos la posición de España sobre Venezuela puede considerarse que ha cambiado diametralmente o, en el más realista de los casos, está sometida a dos fuerzas contrapuestas dentro de la coalición de gobierno que se anulan una a la otra.

El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente dos resoluciones condenando a la dictadura de Maduro y reafirmando su reconocimiento a Guaidó, la última la semana pasada, con los votos de los eurodiputados socialistas pero con los de Podemos e Izquierda Unida en contra. En las resoluciones se recoge el mismo lenguaje aprobado por el Consejo en el que se habla de «usurpación» para referirse a la autoridad que reclama el dictador Nicolás Maduro.

En esta gira emprendida por sorpresa por parte de Guaidó, ya que tuvo que sortear las barreras que le impone la tiranía que detenta el poder en Caracas, Guaidó ha sido recibido por los principales dirigentes europeos. Y en el caso de dos países importantes como el Reino Unido y Francia, por el primer ministro o el propio presidente, como señal de apoyo en estos momentos en los que le resulta más necesario que nunca resistir contra la represión. La postura de Sánchez representa un gesto que le proporciona un apoyo innegable a Nicolás Maduro.