Seguimiento desigual de la huelga política de la Generalitat

El impacto de la huelga también fue irregular en cuanto a su distribución territorial y con lo que respecta al comercio: prácticamente total en municipios pequeños, con menor impacto, aunque importante, en las grandes ciudades. En Barcelona, se estima que uno de cada tres comercios bajaron la persiana, en parte presionados por los piquetes. A modo orientativo, Red Eléctrica Española (REE) informó de que el consumo eléctrico en Cataluña a las cuatro de la tarde había caído ayer un 9,1%, mientras que en la huelga de noviembre de 2012 el descenso fue del 16,6%.

En la red viaria el impacto también fue muy importante por culpa de los cortes que se produjeron. El Ministerio de Fomento informó al menos de 23 cortes en carreteras nacionales y autovías , y hasta nueve en las autopistas. Las colas fueron kilométricas por obra de los cortes, tractoradas y marchas lentas. Mientras que en el Aeropuerto de El Prat la incidencia fue mínima, en el Puerto fue completa al adherirse los estibadores. En el transporte público, Metro y autobuses funcionaron por encima de los servicios mínimos marcados. Por su parte, circularon el 33% de los trenes de Cercanías y el 76% de los AVE y larga distancia. La coincidencia de dos convocatorias -una huelga general liderada por la CGT, y el «paro de país» de las entidades soberanistas y los sindicatos mayoritarios impulsado por la Generalitat- acabó confluyendo en una protesta multitudinaria por la tarde en el centro de Barcelona y en todas las capitales de comarca. Al cierre de esta edición no se habían registrado incidentes al término de las protestas.

Sí hubo incidentes a lo largo de la jornada, principalmente protagonizados por los piquetes de la CGT . Al menos de que se tenga constancia, uno de estos grupos obligó a cerrar, a la vez que robaba productos, un supermercado en la Gran Via de Barcelona. En otras partes del territorio, como en Olot (Gerona), fueron grupos independentistas los que consiguieron que se bajasen las persianas de forma masiva. Se produjeron escraches ante la sede del PP, este masivo, y la de Ciudadanos. La CGT, que había solicitado convocatoria de huelga para diez días, anunció que tras la jornada de ayer dejaba sin efecto la de los próximos días.

Con todo, y más allá de los percances habituales en una huelga general -menores en cualquier caso por comparación dada la inhibición de CC.OO y UGT en la huelga de ayer-, la situación más extraña se daba por las propias características del llamado «paro de país», una fórmula ilegal sin ningún tipo de cobertura jurídica, tal y como recordó la patronal Fomento, y que de hecho vino a funcionar como una suerte de inédito cierre patronal en clave de huelga política.

En algunas empresas se llegó a un acuerdo para parar de manera parcial, en otras todo el día a cuenta de las vacaciones, y en el caso del sector público, con permiso de la Generalitat, que anunció que no descontaría sueldo a quienes lo secundasen, el paro fue casi completo. Fuentes del Ministerio de Hacienda, que tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat catalana y que es el que tiene que dar el visto bueno al pago de la nómina a los funcionarios autonómicos, apuntan que controlarán que se reste de la nómina la jornada de huelga a aquellos empleados que la secundaron. El paro entre los trabajadores del Ayuntamiento rondó el 80%.

En la red pública sanitaria , el seguimiento del paro fue del 75%, según cifras de la Generalitat. Los ambulatorios y hospitales solo atendieron urgencias y cirugía inaplazable. El paro afectó a intervenciones quirúrgicas no urgentes, a las visitas especializadas que habitualmente son atendidas en consultas externas y a las pruebas diagnósticas no aplazables.

Donde el paro fue completo fue en el ámbito educativo, convertido en punta de lanza y motor de las protesas: la mayoría de las escuelas públicas y concertadas realizaron un paro total. Solo hubo actividad en algunos colegios privados del centro de la ciudad. La Generalitat negó haber dado órdenes a los centros para que cerraran sus puertas sin servicios mínimos. «Nosotros decretamos unos servicios mínimos en las escuelas, si algún centro se ha cerrado es por un acuerdo previo entre las asociaciones de padres y los centros», según precisó la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa.