Sánchez y Ayuso afrontarán en 15 días un nuevo enfrentamiento tras consumar su ruptura

El Gobierno forzó la pasada semana una orden a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para obligar a la región presidida por Isabel Díaz Ayuso a adoptar estas medidas. Mientras, la Comunidad de Madrid insistía en un plan más quirúrgico y limitado, aplicando las restricciones a partir de las denominadas zonas básicas de salud. Desde entonces ninguno de los dos accedió a empezar de cero y abandonar su planteamientos.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar las restricciones de movimiento que se aplicaron en virtud de la orden ministerial, conocida este jueves abría un nuevo espacio para la negociación. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo interpretó como un balón de oxígeno para arrastrar a La Moncloa a sus propuestas. Pero enfrente se encontró un muro. Ya no había nada que negociar .

El fallo del TSJM fue un shock para el Gobierno, que no obstante no lo considera un error propio sino una artimaña de la Comunidad de Madrid por no invocar la Ley General de Salud Pública de 1986 al trasladar a su ordenamiento las medidas a las que obligaba la orden ministerial. Al contrario de lo que sí hizo el Gobierno de Castilla y León, también gobernado por el PP. «En la última no ha invocado esta norma. Son las comunidades autónomas las que lo han solicitado. Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí . El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer», denunció ayer el ministro Salvador Illa.

Ese «aquí» es sinónimo de estado de alarma. Será la tercera vez que se aplique en democracia y de momento el horizonte es que esté vigente durante 15 días hábiles. Para extenderlo el Gobierno necesita un apoyo parlamentario que no está claro que pueda conseguir . Por eso, el ministro Illa trasladó ayer su impresión de que con un solo plazo, unido a la semana que ya llevan vigentes las medidas, podría ser suficiente para su estabilización. A partir de ahí, el Gobierno insiste en que la Comunidad de Madrid debe dictar una orden amparándose, ahora sí, en la Ley General de Salud Pública para poder mantener las medidas.

Si para entonces la situación no entra en el «horizonte de estabilización» que anticipó ayer Illa, el conflicto volverá al primer plano. Hasta entonces el Gobierno garantizará el cumplimiento de las limitaciones con el estado de alarma. Más de 7.000 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplegaron ayer en la región para controlar las entradas y salidas en los municipios afectados. Tanto las restricciones a la movilidad como las limitaciones de horarios y aforos se mantienen igual , simplemente se utiliza un paraguas jurídico diferente tras el fallo del TSJM.

Los acontecimientos se precipitaron en la tarde del jueves, cuando el Gobierno tuvo tiempo de digerir el fallo judicial. «Intentó utilizarlo (Ayuso) para que nosotros renunciáramos a nuestras medidas. Y eso nunca iba a pasar», explica un alto cargo de La Moncloa. El presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaron el jueves en dos ocasiones. Una ya pasadas las diez de la noche y cuando los medios ya publicaban que el Gobierno preparaba el Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.

En esa conversación pidió tiempo. Sánchez le cerró el camino a solo tres opciones. Dos implicaban el estado de alarma. La tercera, la orden de la Comunidad de Madrid invocando la Ley General de Sanidad. Pero todas con el objetivo de aplicar las mismas restricciones. El Gobierno no estaba dispuesto a negociar. Cualquiera de las tres opciones tenían un componente de derrota, de cesión para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de Moncloa explicaban ayer que Sánchez accedió a retrasar el Consejo de las 8.30 a las 12. Carmen Calvo escribió a Ignacio Aguado para decirle que no tenían respuesta de su Gobierno. La llamada de Ayuso llegó a las 12.25, con el cónclave gubernamental ya en marcha. Ayuso volvió a pedir tiempo. Sánchez se lo negó. Y le anunció la aplicación del estado de alarma. La inminencia del puente del 12 de octubre cargó de argumentos al Gobierno para no dar ningún margen: «Hay que evitar que en este puente se difunda el virus sin control».

El Gobierno interpreta que la Comunidad de Madrid ha forzado esta situación y ayer Illa, que siempre intenta hacer gala de templanza, cargó duramente contra Díaz Ayuso: «La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver».

De fondo, un enorme conflicto político. En lo estrictamente sanitario un debate sobre la realidad de la región. La Comunidad habla de unos brotes que puede controlar. El Gobierno niega la mayor y alerta de que «hay transmisión comunitaria». Imposible disociar la disputa técnica de la partidista entre dos administraciones que se profesan animadversión y desconfianza. Y entre las que la tregua apenas alcanzó las 48 horas, apenas un paréntesis, de un choque que todavía no ha escrito sus últimos capítulos.