Sánchez asume la tesis de que la prisión de los independentistas lastraba la posición de España

Un largo Consejo de Ministros, de casi cuatro horas y media de duración, certificó una decisión con efecto inmediato para los presos que se beneficiarán de ella tras su publicación hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. Ese beneficio particular es inmediato. Pero la apuesta política que hace el Gobierno con su decisión es a medio y largo plazo. Y desde luego carece de certezas . El Gobierno se encomienda a un acto de fe. En el equipo del presidente del Ejecutivo se muestran convencidos de que la retórica independentista no pasará a los hechos. A eso se aferra Pedro Sánchez . A poder transmitir en el futuro que su decisión ha impedido otro referéndum ilegal y una nueva declaración unilateral de independencia. En el Ejecutivo dicen estar seguros de que los secesionistas no repetirán sus actos.

El concepto de utilidad pública, uno de los que requiere la Ley del indulto, está en el centro del argumentario que el Ejecutivo ha preparado en los informes. Fuentes gubernamentales definen la decisión como «lo mejor para el interés general» y como «un primer paso» para restablecer la normalidad, la concordia y la convivencia.

Para justificar su decisión ante la opinión pública, el Gobierno se aferró a dos cuestiones. La primera, que los indultos son parciales, algo a lo que el Gobierno estaba obligado al tener el pronunciamiento contrario del tribunal sentenciador. Se actúa sobre la pena de prisión, pero se mantiene la inhabilitación para cargo público. La segunda idea fuerza que quiso vender el Gobierno es que existe «condicionalidad»: se fija un periodo de entre 3 y 6 años en el que, si los beneficiarios del indulto cometen algún delito, el perdón gubernamental dejará de tener sus efectos. En la franja alta se encuentra Oriol Junqueras . Seis años también para Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull. En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart esa condicionalidad queda establecida en un periodo de 5 años. Son 4 para Raül Romeva y Carme Forcadell y 3 para Dolors Bassa.

El presidente del Gobierno destacó esas dos ideas en una declaración institucional en la que se impidió preguntar a la prensa. Sánchez defendió que la decisión «es la mejor para Cataluña y para España». Apeló a la «convivencia» y llegó a decir que conceder el indulto es «lo más conforme con el espíritu de concordia de la Constitución» . Pese al inequívoco beneficio particular de la medida, el Gobierno destaca la utilidad pública de la decisión. Y por encima de todo asegura que «piensa en cientos de miles que se sienten solidarios con quienes están presos» y en quienes «creen que ya han cumplido suficiente castigo».

En el Ejecutivo están convencidos de que van a poder restar argumentos al independentismo. Y que no proceder así habría agravado la situación. En la defensa de ese concepto de utilidad pública, desde el Ejecutivo se traslada que su obligación es «remover obstáculos que impiden la convivencia». Es ahí donde el Gobierno pone el foco: los indultos son imprescindibles para la convivencia.

Con esta decisión, el Gobierno quema su último cartucho. Porque se reitera en público y en privado que la demanda de amnistía y referéndum de autodeterminación no se pueden contemplar. El Gobierno pone en valor que se toma la iniciativa por su parte y que «ahora le toca al independentismo». Y plantea que esas dos propuestas serán rechazadas en la mesa de diálogo. «A diferencia del indulto, esas propuestas no son legales. Y tampoco son deseables», manifiesta un alto cargo del Gobierno.

A partir de aquí, el Gobierno no quiere trasladar todavía cuál es su propuesta. Tanto la «Agenda del Reencuentro», presentada a comienzos de 2020 en la cumbre en Barcelona entre Quim Torra y Sánchez, como la Declaración de Barcelona pactada por PSOE y PSC en 2017, son la hoja de ruta socialista. Ambos textos inciden en la idea de un nuevo encaje para Cataluña en España, de la mano de más recursos.

Aunque el Gobierno considera «muy graves» los hechos de 2017 y los atribuye a la violación de la legalidad de los líderes independentistas, consideran que su estancia en prisión «era algo muy excepcional». Defienden que el hecho de que hubiera penas tan elevadas para líderes políticos «hacía que no se entendiese bien» en el contexto internacional. Y creen, por tanto, que su permanencia en prisión solo contribuía a la «desafección y victimismo del independentismo». Los independentistas, claro, ven esto de otro modo. Y lo interpretan como la debilidad del Estado al asumir, en su opinión, una desproporcionada respuesta judicial.

Sánchez se la juega. Enmienda una vez más su palabra. Y lo hace esperando que, si la intensidad del choque con los independentistas baja, él pueda atribuirse los méritos. «En este momento, la prisión era el principal escollo para hablar» , dicen. Justifican esta decisión política porque el hecho de que estas nueve personas estuvieran encarceladas «era un callejón sin salida que se planteaba siempre» en cualquier intento de negociación con los independentistas: « Esperamos que los indultos ayuden a generar un clima propicio para poder hablar. Los indultos son el inicio del camino».

Sin embargo, la respuesta del independentismo a la firma de los indultos fue doblar la apuesta. Pere Aragonès (ERC), presidente de la Generalitat, señaló, en primer lugar, que la decisión adoptada por el Gobierno supone «un reconocimiento de que las condenas fueron injustas»; segundo, que los indultos «en ningún caso acaban con una represión contra los que queremos decidir libremente si Cataluña ha de convertirse en una república» y, por último, que no habrá cambio de objetivo a corto plazo: «Continuaremos determinados hasta conseguir la amnistía, convencidos de que con la autodeterminación representan los grandes consensos» en Cataluña.

En esta línea, Aragonès, que ahora mismo se ve como el deseo moderado que no existe, recordó, en una comparecencia en el Palacio de la Generalitat acompañado del resto de miembros del Govern catalán, que «es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación» y «la hora de un referéndum acordado», que debe ser, además, en opinión de la Generalitat, con «el aval internacional».

Fuentes oficiales del Govern catalán consultadas por ABC aseguraron, ayer, que los indultos no se pidieron por lo que no se tendrán en cuenta en la mesa de diálogo entre Gobiernos.