Sáenz de Santamaría: «El 155 se aplicó para preservar la convivencia en Cataluña»

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La que fue número dos de Rajoy ha explicado en el Supremo los detalles de las reuniones que mantuvo con representantes de la Generalitat meses antes de la declaración unilateral de independencia, unos encuentros que saltaron por los aires cuando Carles Puigdemont optó por el camino de la ilegalidad y ya no interesaba hablar de nada que no fuera el referéndum.

En una contundente declaración, la exvicepresidenta ha precisado que se reunió tres veces con el exvicepresidente Oriol Junqueras : en abril y julio de 2016 y a principios de 2017. En ninguno de esos encuentros el Ejecutivo central habló del referéndum, pese a la insistencia de Junqueras, a quien no interesó, ha dicho Sáenz de Santamaría, ninguno de los 45 puntos que había encima de la mesa en la última de estas citas. «El Gobierno no puede disponer sobre la soberanía ni la integridad territorial. Si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución, el procedimiento es otro», ha subrayado este miércoles en varias ocasiones la testigo.

Cerrada esta vía, la exvicepresidenta del Ejecutivo ha relatado que el Gobierno se enteró de los pasos que los independentistas iban dando porque los iban anunciando públicamente. « Se encargaron de publicitar lo que buscaban. Era público y notorio que así lo hacían », ha dicho la testigo. A partir de ese momento, ante cualquier acto contrario a la soberanía e integridad territorial el Gobierno ya acudía al TC.

Ante la ofensiva secesionista y la ilegalidad de las actuaciones que estaba llevando a cabo la Generalitat, la exvicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo se vio abocado a aplicación del artículo 155, previa advertencia a Puigdemont, para garantizar la convivencia de los ciudadanos, ya que la Generalitat no lo hacía. El 155 se articuló en torno a cuatro puntos , ha explicado: la defensa de la soberanía nacional, garantizar el cumplimiento de la ley, una aplicación rigurosa y proporcionada y que se sustentara en un acuerdo político. «Nos parecía muy oportuno que los partidos participaran en esa decisión y trabajamos mucho para que ocho pudieran apoyarla», ha explicado. Ha insistido en que estaba en riesgo el orden constitucional. Se había declarado la independencia.

A preguntas de la defensa, a la Sáenz de Santamaría ha respondido con soltura y sin titubear, ha insistido en que una cosa es la libertad expresión e ideológica -«uno puede tener las opiniones que considere»- y otra distinta «incumplir la ley, las resoluciones judiciales y generar episodios violentos». « A nadie le hemos tenido que explicar que España es una democracia consolidada », ha sostenido en referencia a la que ha considerado obligada intervención del Estado.

Sobre los episodios violentos del 20-S y el 1-O , la testigo ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado la irresponsabilidad del gobierno de la Generalitat de seguir adelante con el referéndum pese a la advertencia de la junta de seguridad de que se podían generar actos de violencia como los detectados en la concentración ante la Consejería de Economía. Ha señalado que impedir la salida de la comisión judicial ese día tras practicar un registro lo considera violencia. Respecto a las escenas vividas la jornada de la votación («más que cargas prefieron llamarlo actuaciones policiales en cumplimiento de una orden judicial») ha insistido en que la culpa fue del «govern» por no hacer caso a las advertencias sobre el riesgo de violencia.

La testigo ha precisado a las defensas que lo que sufieron los policías nacionales y la Guardia Civil en Cataluña no se pueden llamar «escraches»: fue un «acoso violento».