Exterior de la prisión 'Justizvollzugsanstalt Neumuenster'

El revés de la justicia alemana a España agrieta el proceso por rebelión

El tribunal sólo está dispuesto a entregar a Puigdemont para ser juzgado por malversación, mientras que el resto de procesados se enfrentarán a 25 años

Berlín - MadridActualizado:

El proceso judicial abierto en España contra los promotores del órdago secesionista ilegal en Cataluña recibió ayer el peor varapalo posible por parte de la Justicia de un país aliado y miembro de la Unión Europea. El tribunal alemán que tenía que decidir sobre Carles Puigdemont denegó ayer la entrega a España del expresidente de la Generalitat para ser juzgado por uno de los dos delitos por los que fue procesado por el magistrado Pablo Llarena: el de rebelión, el más grave. Los tres jueces consideran que el requisito de la violencia que el instructor del Tribunal Supremo atribuye, después de cinco meses de investigación, a Puigdemont y a toda la cúpula golpista no se da en el equivalente de ese delito en Alemania, el de alta traición, al faltar el requisito de la violencia.

Los jueces tomaron la decisión en 48 horas y después de que la Fiscalía alemana pidiera, por un lado, dar curso a la entrega por los delitos de malversación y de rebelión, y por otra, dejar a Puigdemont en prisión mientras se tramitaba la euroorden por riesgo de fuga. Tampoco a esta segunda solicitud accedió el tribunal regional superior de Schleswig-Holstein, que decretó la libertad del «expresident» previo pago de una fianza de 75.000 euros.

La primera consecuencia de la decisión de la autoridad judicial alemana (las gubernativas no deciden en una euroorden a diferencia de una extradición) es que se va a dar la paradoja de que cuando se acepte la entrega a España de Puigdemont sólo podrá ser juzgado por malversación, mientras que los miembros de su gobierno y partícipes en el plan rupturista lo serán también por rebelión y se enfrentarán así a una pena mayor (25 años de cárcel) que la del artífice de la declaración unilateral de independencia.

Eso es precisamente lo que trató de evitar Llarena cuando en diciembre pasado retiró las órdenes de detención internacional contra los cinco exmiembros del Gobierno huidos. Sólo una vez que tuvo apuntalados los indicios contra los exdirigentes independentistas volvió a activarlas con la esperanza de que los países vecinos asimilaran el delito de rebelión a algún tipo penal de sus respectivas legislaciones.

Si el arresto de Puigdemont en un país cuya legislación penal a priori resultaba favorable a la entrega (al contar con el delito de alta traición) ha tenido estas consecuencias, el panorama de los otros huidos en países en los que voluntariamente se han refugiado no parece mucho más halagüeño.

El Ejecutivo tenía confianza en que una decisión favorable a la entrega por parte de los jueces alemanes abriera la puerta a la entrega del resto de fugados (los otros cinco reclamados están desperdigados en otros tres países de Europa: Bélgica, Reino Unido y Suiza). Pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue ayer muy cauto y se resistió a considerar la decisión del tribunal alemán como un revés a España . Así, se limitó a expresar el respeto del Ejecutivo a la independencia de los tribunales, tanto nacionales como internacionales, y el acatamiento a las resoluciones que de ellos emanan.

Presión de los separatistas

La decisión de los jueces alemanes no se esperaba hasta hoy, pero la intensa presencia de los separatistas en los medios de comunicación alemanes ha ido creando una incómoda situación para la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que ayer a última hora de la tarde, ya cuando los tribunales estaban cerrados, emitió un escueto comunicado informando de que había admitido a trámite el proceso de entrega a España de Puigdemont sólo por el delito de malversación. Los jueces argumentan que descartan el delito de rebelión porque, que a diferencia de lo contemplado por el fiscal, no lo consideran asimilable al de alta traición porque no ven que haya incurrido en violencia. «La característica de violencia no aparece», dice el texto.

Para acreditar que no hay riesgo de fuga y que el «expresident» puede esperar la decisión definitiva del tribunal en libertad (aunque sea vigilada) se rumorea que sus abogados han adjuntado un contrato de alquiler a su nombre, una casa que habría alquilado para instalarse en Nuemünster durante el tiempo que sea necesario. Una vez depositada esa fianza de 75.000 euros y entregado su pasaporte, Puigdemont deberá presentarse una vez a la semana en una comisaría de policía de Neumünster, aunque se le permitirá moverse libremente por Alemania hasta que haya una decisión definitiva. Esta no tardaría en principio más de dos o tres semanas, pero Wolfgang Schonburg, el letrado alemán de Puigdemont, ya ha adelantado que interpondrá tantos recursos como pueda para retrasar la entrega, así que lo más posible es que permanezca una temporada en este país.

«Nos vemos mañana. Gracias por todo», fueron las palabras que aparecieron en la cuenta de Twitter de Puigdemont poco después de conocerse el comunicado del tribunal. Las primeras muestras de celebración tenían lugar anoche ante la fachada de la prisión, donde algunos seguidores desplegaron banderas independentistas y descorcharon botellas de champán. Alguno de ellos insistió en que dormirá en la puerta de la cárcel hasta que Puigdemont sea excarcelado. En ese momento, sin duda, se destapará también la olla a presión en la que se encontraban sumergidos los jueces de Schleswig-Holstein tras diez días de tupido discurso separatista de cara a la opinión pública alemana sin que se hayan escuchado voces justificando la orden de detención y el traslado de Puigdemont a España para su juicio.