La reclusión total es posible en el estado de alarma

Con 33.089 personas infectadas por el coronavirus y 2.182 muertos en las últimas horas y poco antes de que Pedro Sánchez pida autorización al Congreso para prorrogar quince días más el estado de alarma, varias comunidades autónomas y expertos piden que se dé un paso más para frenar el número de infectados. «El problema es que no sabemos cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la extensión del virus. Y sin esa previsión podemos ir por detrás de nuevo», explican fuentes jurídicas.

La Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio establece, además de las medidas ya conocidas en el primero de ellos -limitar circulación o permanencia de personas o vehículos, requisas temporales de bienes, intervención de industrias, fábricas o talleres, limitación o racionamiento de servicios y consumo de artículos de primera necesidad y abastecimiento de mercados y centros de producción-, que además de todas estas se podrán «adoptar por sí, según los casos», las establecidas «en las normas para luchar contra enfermedades infecciosas (...)». Es decir, que el Gobierno aún tiene margen para seguir ampliando los supuestos recogidos en los Reales Decretos dictados hasta ahora. La Ley no especifica cuáles serían esas otras medidas.

Italia, con 63.927 contagiados ayer y 6.077 muertos, ya está tomando decisiones más drásticas y en regiones como el Véneto, por ejemplo, han decidido cerrar los supermercados determinados días. Es la medida equivalente a la que recoge nuestra ley que habla de «limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad». Pese al confinamiento son aún muchos los sectores productivos no esenciales que siguen funcionando (obras públicas, bancos, despachos, empresas de todo tipo...) y, por tanto, sus trabajadores se desplazan al puesto de trabajo.

La propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño , reconoció ayer de manera no explícita este hecho. Anunció que el Gobierno estudiará la movilidad de las personas para poder identificar aglomeraciones y cuellos de botella de ciudadanos , con el fin de prevenir la expansión de la pandemia. Para entender estos desplazamientos, se «intentarán desarrollar instrumentos de Inteligencia Artificial», según Calviño, que informó de un proyecto piloto en Valencia. La ministra afirmó que hay que «eliminar interconexiones entre los ciudadanos» porque «uno de los aspectos fundamentales de la política de contención es su aplicación práctica». El estudio de movilidad sugiere que las medidas en esta materia no están resultando suficientes, pese a que el mensaje reiterado del Gobierno es que España ha adoptado las más severas.

El papel del Ejército ha aumentado de forma progresiva en la última semana, en cuanto a número de militares y de tareas asumidas tanto en seguridad -anuncio de patrullas conjuntas con Guardia Civil- como en transporte, protección de infraestructuras críticas y, por supuesto, todo tipo de servicios asistenciales. Su intervención puede crecer más pero sin rebasar ese marco, que sí se ampliaría en el estado de excepción.

A falta de que el Congreso de los Diputados autorice la prórroga del estado de alarma otros quince días, es posible que las restricciones de personas y bienes aumenten. Sería el paso lógico -si la progresión de contagios sigue la misma tendencia- antes de plantearse el siguiente estadio, mucho más duro: el estado de excepción , que debe ser autorizado por el Congreso. La Ley lo prevé cuando se produzca una grave alteración del ejercicio de derechos fundamentales, el funcionamiento de las instituciones, el de los servicios públicos esenciales (colapso de hospitales o funerarias, por ejemplo) o el orden público. Pero ya no sería una competencia exclusiva del Gobierno, que en ningún momento ha mencionado este escenario, más allá del genérico mantra de que se hará «lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta».

Es un estado que permite la suspensión de derechos fundamentales : detenciones por orden de la autoridad, inspecciones y registros domiciliarios, intervención de comunicaciones, intervención y control de transportes, prohibición de movilidad de personas y vehículos, quienes tendrán que acreditar su identidad, establecimiento de zonas de seguridad, o intervención de industrias y comercios...

«Es una decisión complicada, que no tiene funciones de control de la movilidad, sino de limitación general de derechos », sostienen fuentes jurídicas. También muy improbable. Según fuentes policiales, dotaría de seguridad jurídica actuaciones en la calle. Quienes se saltan el confinamiento en el estado de alarma son sancionados y solo detenidos si cometen un delito de desobediencia o atentado al agente de la autoridad. En el de excepción, las multas equivaldrían a arrestos y el Ejército también podría controlar que se cumplan las medidas.