España, siete días en estado de alarma

Con la propia jefa del Ejecutivo contagiada, y confinada en un apartahotel desde donde sigue liderando la toma de decisiones, no han faltado en esta batalla algunos encontronazos con la Administración central, a cuenta de la llegada de material para proteger a los sanitarios. También en Madrid se dio la voz de alarma, esta misma semana, sobre la situación en residencias de mayores, con al menos 17 fallecidos en un único centro. Fue, lamentablemente, cuestión de horas que salieran a la luz nuevos casos por toda la geografía.

El Principado de Asturias quiere anticiparse a la posible escasez de mascarillas y por eso la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad está coordinando un proyecto que busca desinfectar estos útiles sanitarios para que los pueden reutilizar los médicos y enfermeros.

El plan, en el que colaboran entre otros la Universidad de Oviedo, la Guardia Civil y el Ejército, prevé el reciclaje de entre cien mil y un millón de mascarillas al día para el personal sanitario. Ayer, además, noventa militares del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizaron tareas de desinfección en nueve concejos.

El Gobierno aragonés anunció ayer la creación de tres geriátricos de emergencia, medicalizados, en los que concentrará a los ancianos de residencias que se hayan contagiado y no estén tan graves como para tener que ir al hospital. Contarán con personal sanitario y asistencial, y entrarán en servicio la próxima semana. Habrá uno por provincia, pero no se ha desvelado aún su ubicación exacta ni las plazas que tendrán.

El objetivo es sacar de esas residencias a los infectados y, así, tratar de evitar la propagación en esos centros. En Aragón, hasta ahora, en torno al 80% de los fallecidos por coronavirus eran ancianos de residencias.

El aumento de casos es exponencial. Más allá de la preocupación estrictamente sanitaria por la posible evolución de la pandemia en las islas -sólo en Formentera no hay ningún caso- inquieta la repercusión económica sobre el sector turístico. Aun así, se tiene la esperanza de que antes del verano acaben las actuales medidas. Por otro lado, el hecho insular influye a nivel de transporte. Los vuelos se han restringido al máximo entre las islas y con la Península. El suministro de productos y artículos de primera necesidad está garantizado hasta el momento, pues los barcos de mercancías llegan con absoluta normalidad.

En menos de doce horas Cantabria ha registrado tres nuevos fallecidos con coronavirus, que elevan a cuatro las víctimas mortales en la región por la pandemia. Al hombre de 88 años que ingresó esta semana en Valdecilla con neumonía bilateral y que murió el martes se sumaron entre la tarde del viernes y la mañana del sábado otro varón de 69, uno más de 64, y una mujer de 77 años, todos ellos en el mismo centro hospitalario y con patología previa.

Desde que se inició la crisis sanitaria y hasta ayer, la región acumula un total de 215 casos positivos, 67 más que el día anterior, e incluidos los fallecidos y once que están ya curados.

Canarias, a pesar de haber sido la primera comunidad en registrar casos de coronavirus, cuenta con una ventaja: la insularidad. Lo que siempre ha sido un contratiempo para los canarios está siendo ahora una barrera que frena la expansión del Covid-19, que, si bien sigue incrementando con el paso de los días, no es comparable a otras regiones.

El coronavirus está pasando de puntillas por las ciudades autónomas, con sólo cinco casos en Ceuta y 25 en Melilla registrados, sin que además conste fallecimiento alguno. Su situación geográfica puede ser una ventaja. Su único vecino, Marruecos, tiene las fronteras cerradas. De momento está siendo sencillo controlar los pocos contagios.

Tal vez por la proximidad a Madrid, llama la atención que Castilla-La Mancha sea la tercera comunidad autónoma en cuanto al número de contagiados, algo que no se corresponde con su población, poco más dos millones de habitantes. Pero los datos están ahí y, además, ocupa la misma posición en el macabro ranking de personas fallecidas, con 112.

No cabe duda de que en esta última cifra tiene mucho que ver la aparición de dos focos en sendas residencias de Tomelloso y Albacete, que han contabilizado 22 muertes. Además, en 78 residencias de la región ya se han registrado 118 casos y 35 fallecidos.

Por ello, el Gobierno regional ha puesto en marcha un plan de para estos centros de mayores, según el cual en cada provincia se habilitarán residencias exclusivamente para los internos contagiados y otras para los que hayan dado negativo.

Con 4.704 contagios confirmados y 191 muertes, al menos 28 de ellas en el municipio barcelonés de Igualada, Cataluña se ha convertido en la segunda comunidad con más casos activos. Y no sólo eso: tal y como alertaba ayer la consejera de Salud, Alba Vergés, se han empezado a detectar casos en jóvenes, lo que amplía aún más el espectro de una infección que se vinculaba, sobre todo, con personas vulnerables y de edad avanzada. «Cada vez tendremos más presión en el sistema sanitario», advirtió Vergés, protagonista a su vez de alguna de las muchas polémicas y pugnas competenciales que han enturbiado la gestión sanitaria de la crisis. Ahí quedan, por ejemplo, sus burlas del servicio prestado por la UME en Barcelona («no se trata de pedir el rescate a no sé qué Ejército», dijo) o sus acusaciones sin pruebas al Ministerio de Sanidad de bloquear 4.000 mascarillas con destino a Cataluña.

De hecho, desde que se decretó el confinamiento en Igualada el viernes, 13 de marzo, la gestión catalana de la crisis ha estado marcada por las críticas constantes al Gobierno y el cuestionamiento público de la estrategia seguida. Tanto es así que en los últimos días se ha podido escuchar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegurar en la BBC que el Gobierno no está aplicando el confinamiento de la población, y al consejero de Interior, Miquel Buch, sostener que, a diferencia de Cataluña, «España no ha tomado medidas drásticas para frenar el coronavirus». Su petición de confinamiento total, de hecho, siempre ha venido acompañada de acusaciones de centralizar la gestión de la crisis con fines autoritarios. Unas críticas a las que el Gobierno responde exigiendo lealtad institucional y que el independentismo aprovecha para alimentar su inventario de agravios, sacar a relucir su peor cara (del «de Madrid al cielo» de Clara Ponsatí al «¡Antes infectada que rota!» de su jefe Puigdemont) y llegar a extremos tan absurdos como el de la diputada de Junts Per Catalunya Laura Borràs, que ha cambiado el «España nos roba» por el «Madrid nos quita los estudiantes de Medicina».