Rajoy pide al TC que anule la ley del Referéndum y actúe contra Forcadell

El Gobierno ha planteado un «incidente de ejecución de sentencia» , por incumplimiento de resoluciones previas del TC, y pide la anulación de los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán, dejarlos sin efectos jurídicos y proceder para exigir responsabilidades penales a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell , y a los miembros del órgano rector de la Cámara que votaron a favor de la admisión a trámite del texto.

A las nueve de la mañana, antes del horario habitual, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , convocó a la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, para deliberar sobre las medidas que se adoptarían ante el golpe que se disponían a dar los secesionistas. Durante toda la mañana se siguieron los pasos dados en el Parlamento catalán , y se tomó buena nota de todo lo que aprobó la Mesa presidida por Carme Forcadell y del debate que se celebró. «Ha sido abochornante», comentó después la vicepresidenta. «No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política», confesó. Santamaría acusó a Forcadell de «dar una patada» al Estado de Derecho. Con ella, dijo, «ha muerto la democracia» en el Parlamento catalán.

Cuando se tuvieron todos los elementos para actuar, Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que presentara el incidente de ejecución. No hizo falta la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, pues el recurso no era nuevo, y por tanto tampoco hizo falta un informe previo del Consejo de Estado. La vicepresidenta convocó a los medios de comunicación a las 14.15 horas, para anunciar las medidas que iba a adoptar el presidente. Todos los pasos del Gobierno estaban hablados con el PSOE y Ciudadanos, los partidos que junto al PP están plantando cara al desafío independentista. Rajoy estuvo en permanente contacto con el Rey, y conversó con Pedro Sánchez y Albert Rivera , y hoy se reunirá a las 12.30 con el secretario general del PSOE para escenificar su unidad.

En el escrito presentado ante el TC, de 34 páginas, se pide la nulidad de los acuerdos de la Mesa por contravenir lo ordenado en la sentencia del propio Constitucional de 2 de diciembre de 2015, en el auto del 19 de julio de 2016, el auto del 6 de octubre de 2016 y el auto de 14 de febrero de 2017, así como en las providencias de 1 de agosto de 2016 y 13 de diciembre de 2016. En concreto, la sentencia de 2015 declaró inconstitucional y nula la «Resolución del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», aprobada el 9 de noviembre de ese año. El TC advirtió sobre la ilegalidad de cualquier «acto preparatorio» dirigido al referéndum. En su decisión el tribunal advirtió «a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados».

El Gobierno pone el punto de mira de forma especial en la presidenta del Parlamento autonómico, antigua líder de la Asamblea Nacional de Cataluña . Su nombre es el único que aparece, de forma reiterada, en el escrito presentado. La Abogacía del Estado pide al TC que tome las medidas que correspondan «para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell , y a los miembros de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite por incumplir el mandato» de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, según el cual «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento» de lo que el TC resuelva.

Ante «la extremada relevancia constitucional del caso», el Gobierno pide al Constitucional que se pronuncie lo antes posible y acuerde la tramitación preferente y urgente del incidente.

Si el TC recoge el guante del Gobierno, pondrá lo sucedido en conocimiento de la Fiscalía. Aun así, la Fiscalía Provincial de Cataluña se adelantó y anunció ayer una querella contra Forcadell -quien ya ha declarado dos veces como imputada por desoír al TC- y los demás miembros de la Mesa del Parlament que admitieron a trámite la ley del Referéndum, un acto que supondría los delitos de desobediencia y prevaricación según el Ministerio Público. La querella, que previsiblemente se interpondrá hoy, se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al dirigirse contra diputados regionales.