Quim Torra insiste en desafiar a la democracia con la vía unilateral

Torra se presentó ayer en el hemiciclo del Palacio del parque de la Ciudadela para anunciar que retoma la vía unilateral independentista -declarada judicialmente sediciosa-, como reacción, precisamente, a la sentencia del Supremo. «En la primavera del año próximo, de 2020, el “debat constituent” podrá consolidar unas propuestas que sirvan de guía para la elaboración de una constitución republicana», indicó en su intervención ante los diputados autonómicos, para añadir que, a su vez, defenderá una «amnistía» destinada a dejar en libertad y sin mácula judicial a los condenados por el 1-O, intentará aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2020 (prorrogados desde 2017), y, sobre todo, fijará «las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo más breve posible».

Esta hoja de ruta de Torra, que devolvería la política catalana al año 2017, abre la puerta a que elementos altamente desestabilizantes adopten papeles protagonistas. Por ejemplo, el Consell per la República, organismo privado con conexiones públicas que controla y dirige, desde Bélgica, el expresidente autonómico Carles Puigdemont, fugado y con una orden judicial para que sea entregado a las autoridades españolas y así poder rendir cuentas ante la Justicia. Torra, que fue designado por Puigdemont para sucederle en el Palacio de la Generalitat, considera que el Consell per la República es «una entidad valiosísima» y juega un papel «clave» en la «internacionalización» de la causa nacionalista catalana.

Así, el presidente de la Generalitat solemnizó en el Parlamento autonómico la intención de no aceptar las reglas de juego democráticas, ni acatar las decisiones judiciales. «Defenderé que en esta legislatura se acabe volviendo a ejercer el derecho de autodeterminación. Ahora se trata de conseguirlo, ya no solo de intentarlo. Esta legislatura, si entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible, hemos de poderla finalizar validando la independencia», defendió tras llegar a esta conclusión porque, en su opinión, «si por poner urnas para la autodeterminación nos condenan a cien años de prisión, la respuesta es clara: se deberán poner urnas para la autodeterminación».

Torra también cargó duramente contra el Supremo, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España. Esta es una tónica habitual del presidente autonómico, quien ayer definió la sentencia del Supremo contra los protagonistas del 1-O - la excusa de su comparecencia en el Parlamento autonómico - como «gran farsa», «infame» y de la «ignominia». Reiteró que la rechaza. Y, mirando a la bancada de los grupos independentistas y recordando los años de prisión, dijo: «¿Somos conscientes de la gravedad de lo que esto supone? ¿Alguno de vosotros puede aceptar esta venganza cruel e injusta sin tener remordimientos? ¿Estáis seguros de que no es la hora de dar un paso adelante y decir que ya es suficiente?».

Pero, una vez hizo pública su propuesta de nueva hoja de ruta, la reacción a la sentencia del Supremo quedó aparcada. En una especie de inmolación política - no hay que olvidar que Torra está siendo juzgado por desobediencia , lo que podría apartarle del cargo público en solo tres meses-, al poco de concluir su intervención, JpC y ERC admitieron que ni conocían ni compartían la propuesta de referéndum y constitución con fechas fijas.

Los dos grupos que dan apoyo al Gobierno catalán no discrepan del objetivo final que defiende Torra, conseguir la secesión de Cataluña, pero sí de las formas, sobre todo después de comprobar la fuerza del Estado de derecho democrático, es decir, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la actuación de los tribunales de Justicia. Desde ERC, a través de Sergi Sabrià en su turno de palabra, despreciaron la propuesta de Torra con un: «La valoraremos». Una humillación que confirmó la soledad del máximo responsable de la Generalitat.

Al finalizar el debate, en el que los líderes de Cs, el PSC-Units, los comunes y el PP exigieron la dimisión del presidente autonómico, Torra se reunió con Pere Aragonés (ERC), su vicepresidente, y con Meritxell Budó (JpC), su portavoz. En el encuentro, según diversas fuentes, Aragonès y Budó pidieron explicaciones a Torra y le expresaron su «malestar». Ni los miembros de su Ejecutivo conocían la propuesta unilateral que expusó ayer y que, si se lleva a cabo, retornará la política catalana a un escenario similar al de 2017 . Con este contexto, JpC propondrá a Torra que defina su hoja de ruta con Puigdemont, y se llegue a un acuerdo con ERC. Y luego se hable con la CUP, socio imprescindible en el Parlamento autonómico.

Aunque fuentes de la Presidencia de la Generalitat, consultadas por ABC, quitaron importancia a los desbarajustes en el Gobierno catalán, al indicar que la propuesta de referéndum podría canalizarse como una nueva cita autonómica en clave «plebiscitaria», al estilo de la celebrada en 2015 y convocada por Artur Mas, la realidad es que la tensión entre JpC con ERC y de estos con Torra es máxima.

De momento, nadie en ERC valora dejar caer el Gobierno de Torra. Las diferencias entre los protagonistas son de tiempos y de velocidades, más que de fondo de la cuestión clave. Además, la cita del 10-N paraliza cualquier movimiento electoral en Cataluña. El inquilino del Palacio de la Generalitat está solo. Una soledad que nadie duda está teledirigida desde Bélgica.