Puigdemont frustra la salida de las elecciones y abre la vía al 155

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Según anunció el presidente catalán, la «falta de garantías» por parte del Gobierno para que las elecciones que iba a convocar se desarrollasen con «absoluta normalidad» le llevó a renunciar a esta opción. De inmediato, anunció que trasladaba al Parlamento catalán la responsabilidad de dar hoy una respuesta al Gobierno. La DUI se ponía de nuevo sobre la mesa.

En este escenario, hoy mismo, y si no vuelve a producirse un giro de guión que nadie puede descartar, el Parlament, en un formato sobre el que se suceden las especulaciones, podría sacar adelante la proclamación de la independencia, algo que desencadenaría, ahora ya sí sin posibilidad de marcha atrás, la aplicación efectiva del artículo 155 de la Constitución a la que el pleno del Senado dará luz verde esta mañana.

El proceso soberanista, en su estadio final, mostró ayer muy probablemente su cariz más desconcertante, en un giro frustrante para quienes propugnan, a uno y otro lado, una salida razonable, sin destrozo político y social. A media mañana, con el gobierno catalán reunido de manera «informal» en el Palau de la Generalitat -continuación de la cumbre independentistas que el día anterior se había prolongado de madrugada-, se filtraba la noticia de que Puigdemont estaba dispuesto a dar un paso atrás: se anunciaba la inmediata disolución del Parlament, la celebración de elecciones para el miércoles 20 de diciembre y la renuncia a la DUI. Fue un espejismo que apenas duró unas horas.

Fuentes políticas señalaron a ABC que el temor a que la DUI desencadenase una situación descontrolada, de enfrentamiento civil violento, fue clave para que Puigdemont optase, por unas horas, por la salida de las elecciones, una decisión a la que llegó también después de la intervención, en una suerte de papel de «mediador», del lehendakari, Íñigo Urkullu, junto a un grupo de empresarios catalanes.

Por contra, y para revocar la decisión del adelanto electoral, resultó determinante la negativa del Gobierno a que el Senado rechazase o no llegase a votar hoy la autorización para la aplicación del 155, la última condición que reclamaba Puigdemont después de que éste, según otras fuentes, ya hubiese renunciado a las otras demandas que había llegado a plantear. Entre estas, la liberación de los líderes de la ANC y de Òmnium , la promesa de que la Fiscalía «aflojaría» en la «persecución» del independentismo, así como la retirada de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

«Tampoco hay intención de parar la represión y procurar unas condiciones de ausencia de violencia en que unas posibles elecciones deberían celebrarse», apuntó Puigdemont en su comparecencia por la tarde. Sobre el 155, remachó: «Es una aplicación fuera de la ley, abusiva e injusta, que busca erradicar no sólo el soberanismo sino toda la tradición del catalanismo (...) esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1 de octubre».

Otros factores, estos ya no atribuibles al Gobierno sino a la fractura del frente soberanista, contribuyeron a que Puigdemont reculase. Aunque no de manera pública, desde su partido se señala el papel de ERC, y en particular de Oriol Junqueras , que veía bien la posibilidad de la salida que se planteaba siempre y cuando fuese Puigdemont quien asumiese en solitario el desgaste. De manera significativa, Junqueras no acompañó a Puigdemont en su comparecencia. Antes, en la tensa reunión que tuvieron, Puigdemont le retó ofreciéndole la presidencia.

La desazón en el PDECat por la decisión de Puigdemont de renunciar a la DUI fue también importante, como reflejaban las caras con las que salían los diputados tras conocer sus intenciones. Ello, junto al anuncio de las primeras dimisiones en el partido -que le señaló como único responsable-, y el descuelgue de ERC, que anunció que abandonaría el Govern si seguía adelante, metían presión al president. La ventana de oportunidad acababa de cerrarse cuando las noticias que llegaban del Senado confirmaban que el 155 era imparable. La alegría del sector más radical era directamente proporcional a la desazón, y de nuevo la angustia, de una gran parte de la sociedad que, tensionada durante demasiadas semanas, reclama rutina, normalidad, aburrimiento.

En este escenario, y tras el frustrado giro del Palau, los focos vuelven a dirigirse al Parlament, donde hoy prosigue el pleno para votar las propuestas de los partidos, entre ellas la que JpS y la CUP propondrán como «inicio del proceso constituyente». La DUI se abre paso, y como primera consecuencia, anoche se conocía la dimisión del consejero de Empresa, Santi Vila , la voz que de manera más destacada había advertido contra los peligros de la unilateralidad desde dentro del Govern, y quien el día anterior más había presionado a Puigdemont en favor de la salida negociada.

Ahora, y como sucedía a principios de semana, el escenario está abierto, y fuentes políticas planteaban varias posibilidades con respecto a la DUI, incluso la de algún tipo de declaración que no necesite una votación, ya que de esta manera se intentaría sortear una última responsabilidad de los 72 diputados independentistas que votasen. La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, sería uno de los que optarían por esta opción, ya que ella misma está siendo investigada, apuntan fuentes del PDECat. Fuentes parlamentarias añaden a ABC que la decisión podría estar, también, entre una declaración de Puigdemont dentro del hemiciclo sin votación - tampoco hubo voto para declarar la DUI y luego suspenderla el día 10-, y una suerte de «performance» ya fuera del hemiciclo de carácter simbólico.

Sea como fuere, el debate parlamentario posterior a la intervención de Puigdemont dejó todo en el aire hasta hoy. Lluís Corominas (JpS), Benet Salellas (CUP) y Albert Botran (CUP) defendieron que el Parlament recoja «el mandato» del 1-O. Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP) advirtieron al presidente autonómico de las consecuencias de su decisión. Lluís Rabell (CSQP) criticó al Gobierno y lamentó que la Generalitat vaya a dar este paso; y Albano Dante Fachín (Podem) cargó duramente contra Cs, el PSC y el PP.

Las formas y las palabras que escoja Puigdemont serán analizadas con lupa tanto por el Gobierno a la hora de modular el 155, como por parte del independentismo, cuyos sectores más «hiperventilados» -siguiendo su propia terminología- no dudaron en calificar de «traidor» al president cuando parecía, por unas horas, que la solución pasaba por el adelanto electoral.

La reacción de estos sectores, particularmente de la ANC, será determinante a partir de ahora para conocer si Cataluña, 155 mediante, se adentra por un paisaje de agitación o de frustración contenida cuando el soberanismo compruebe que la hipotética DUI de hoy no conduce a la república sino a la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado y la probable detención de su presidente. En cualquier caso el desgarro que hay en el interior del soberanismo -como ayer se hizo evidente- anticipa un escenario convulso.

El Gobierno asistió con auténtico desconcierto a los repentinos giros de Puigdemont. Los cambios del líder independentistas y las presiones no lograron modificar ni una coma la agenda de La Moncloa, que siguió adelante con sus planes sobre el 155. El mensaje que salía del Ejecutivo no había variado nada: se aplica el 155 por un problema de legalidad en Cataluña, y no por un problema electoral.

Por tanto, la mera convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña no frenaría el 155. Para ello haría falta mucho más: un rechazo expreso a la declaración de independencia y una vuelta inequívoca y total al orden legal y constitucional. Por eso, la respuesta a Puigdemont desde La Moncloa no dejó lugar a ninguna duda: el líder independentista no podía pedir «garantías» de nada, ni poner condiciones al Gobierno, sino regresar a la legalidad. «Puigdemont llama garantías a lo que solo es un chantaje inaceptable», afirmaron en La Moncloa.

Fuentes del Gobierno aseguraron que no se había producido ningún contacto con Puigdemont para tratar de buscar una salida de última hora. Respecto a la posibilidad de que existieran «mediadores», un miembro del Gobierno advirtió de que solo puede haberlos «cuando las dos partes los reconocen». Sí que hubo «recados» cruzados entre terceros.

La vicepresidenta llegó puntual al Senado para explicar unas medidas que el Gobierno tiene quiere aprobar de forma inmediata. La intención es aprobarlas todas a las la vez, una vez lograda la autorización del Senado, y a partir de ahí cada Ministerio aplicaría las medidas concretas de forma gradual, según las circunstancias.

El Gobierno ve totalmente a salvo su pacto con el PSOE y Cs . De hecho, Rajoy conversó de nuevo ayer con Albert Rivera, mientras que su contacto con Pedro Sánchez es prácticamente continuo. Con ambos la coincidencia es completa para «devolver el autogobierno» a Cataluña. Las diferencias que existen son «mínimas», insistieron desde La Moncloa, y no enturbian el acuerdo general, que hoy se verá reflejado en la votación del Pleno.