Puigdemont confía en arrastrar a Colau y Domènech al desafío secesionista cuando se declare ilegal

En un acto solemne en el Palacio de la Generalitat, Puigdemont llamó a los catalanes a participar de una consulta ilegal el próximo 1 de octubre para responder a la pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?» .

Una hora antes de este anuncio, los consejeros autonómicos se reunieron con Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La reunión del Consejo Ejecutivo (también con los miembros técnicos) fue extraordinaria pero no oficial, para no dejar por escrito nada que el Gobierno pueda impugnar ante el TC . No hubo orden del día ni acta firmada por el secretario, según confirmaron fuentes de la Generalitat a ABC. En esta reunión, Puigdemont dio a conocer a sus consejeros la fecha y la pregunta, que ninguno conocía hasta entonces.

Al salir del encuentro, fue el momento de la declaración ante la prensa (sin preguntas) y las imágenes. El primero en hablar fue Junqueras. El líder de ERC cargó duramente contra «el Estado» , que en el lenguaje nacionalista significa todo aquello que no gusta de España.

También tuvo palabras duras contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de no permitir que los catalanes «voten su futuro» pese a que desde los partidos independentistas se han pedido «al menos en 18 ocasiones». Y añadió: «El Gobierno español violenta los derechos fundamentales esenciales. (...) Es un Estado ineficiente. Es un Estado injusto».

Puigdemont, por su parte, realizó una declaración dando contexto a las reivindicaciones nacionalistas desde la sentencia del TC (2010) que ajustó a la legalidad el Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006). Sus palabras más duras fueron contra el Alto Tribunal , de cuya composición actual dijo que no era mejor que la de 2010: «Hoy, gracias a un mecanismo de lectura única y urgente, aquel tribunal puede suspender cargos electos de manera fulminante, sin juicio». Y basó la decisión de seguir en sus trece en relación a la convocatoria del referéndum ilegal porque así lo propuso JpS en su programa electoral y lo defendió en la cuestión de confianza que superó en el Parlamento de Cataluña el pasado 28 de septiembre.

Pero lo más importante era saber la fecha y la pregunta. Así, tras señalar que, desde su punto de vista, el Gobierno no ha dado respuesta «positiva» a sus demandas para celebrar una consulta pactada y vinculante, la reunión del Consejo Ejecutivo, que acababan de celebrar, servía para «ratificar conjuntamente (...) la voluntad de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña, a un referéndum que se celebrará el domingo día 1 de octubre de este año, con la pregunta «Queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». La respuesta, binaria, «sí» o «no» . Y clara.

El presidente de la Generalitat informó, también, de que será el gobierno autonómico el que vele por la «convocatoria, organización y celebración del referéndum».

Tras las palabras de Puigdemont, sus consejeros, los diputados de JpS y la CUP y los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña aplaudieron su intervención . Fueron 25 segundos. Sin mucho entusiasmo, en un acto que se pretendía cargado de épica y que transcurrió en tono más bien bajo.

En contraste, con la esperada reacción contraria de los partidos constitucionalistas en el Parlamento catalán (Cs, PSC y PP), las entidades soberanistas, las mismas que han tutelado, y en buena parte marcado el ritmo del proceso en los últimos cinco años, lanzaban las campanas al vuelo y prácticamente señalaban la ruptura como un objetivo a tocar. Como sucedió con el 9-N (2014), o las elecciones llamadas plebiscitarias del 27-S (2015), entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya comienzan a ejercer su rol de aceleradores de los acontecimientos . Así, en un comunicado, la ANC celebró el anuncio del Govern y el compromiso con un referéndum que aseguran «lo cambiará todo». En el mismo comunicado, la entidad dijo esperar «bien pronto» la convocatoria oficial y el censo.

En la misma línea de meter presión a la Generalitat para que se pase de la convocatoria de palabra a la oficial, las otras dos entidades soberanistas, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), emitieron también sendas notas marcando el tono de lo que sucederá en los próximos meses. Òmnium exigió «serenidad y coraje». «La fuerza de la gente ha hecho irreversible el referéndum y será la garantía de que el 1 de octubre votaremos porque la democracia es imbatible», añadió la entidad. Por su parte, la AMI -entidad que agrupa a unos 800 ayuntamientos, pero no los más poblados, empezando por el de Barcelona- puso a disposición del Govern los consistorios, pieza clave en el despliegue logístico de la pretendida consulta.

Las tres entidades han convocado para mañana un acto popular en Barcelona de apoyo al referéndum, una convocatoria que debe leerse tanto como una celebración del paso dado, como una advertencia a la Generalitat de que no dejarán que se recule. Junto al papel de las entidades, cobra también especial relevancia el papel que adoptarán a partir de ahora los «comunes» de Colau y Domènech , a los que Junts pel Sí confían en arrastrar a su bando cuando la tensión política suba tras la suspensión de la consulta. Por ahora, Catalunya en Comú -no así Podem- sigue en la ambivalencia, reclamando a la Generalitat que detalle cómo llevará adelante una consulta que la mayoría ve imposible.