1-O: Un pucherazo que vulnera todas las normas internacionales sobre elecciones democráticas

Contrariamente a ello, el 1 de octubre Vds. trataron de dinamitar la democracia española, al empeñarse en celebrar un pseudo-referéndum que ha violado flagrantemente el Derecho nacional, el Estatut de Catalunya y el Derecho internacional, tal y como han puesto de manifiesto 500 profesores de Derecho internacional de numerosas universidades españolas1- puesto que Cataluña no tiene reconocido el derecho de autodeterminación-, sino que además lo ocurrido el domingo en Cataluña ha superado con creces el calificativo de «pucherazo», un fraude electoral sonrojante, antidemocrático y vergonzoso. He trabajado como observador de procesos electorales en varios países del mundo para la Unión Europea, la OSCE y la Organización de Estados Americanos, y ciertamente lo visto ayer en Cataluña pasa por ser el mayor y más sangrante «pucherazo» electoral que he presenciado en mi carrera profesional.

Hablamos de un referéndum no sólo ilegal en sus cimientos, sino ilícito, ilegítimo y antidemocrático en su desarrollo y en sus procedimientos. Seré más preciso.

El 1-O fue administrado inicialmente por una Sindicatura electoral parcial, no representativa de la pluralidad del parlamento de Cataluña, que posteriormente fue disuelta, quedando el proceso sin una administración electoral independiente e imparcial.

El 1-O fue promovido y patrocinado por el gobierno catalán, que lejos de mantenerse neutral e imparcial ante las opciones políticas planteadas, ha hecho campaña hasta la saciedad a favor del SÍ a la independencia.

El 1-O se realizó sin censo electoral.

El 1-O se ha desarrollado dirigido por una televisión pública catalana no imparcial, que ha mostrado un claro apoyo a la causa independentista.

El 1-O se ha celebrado en claro quebrantamiento de la Ley nacional y el Derecho internacional.

El 1-O recibió una pseudo cobertura legal mediante una Ley de Transitoriedad que crea una legalidad paralela a la del Estado español subvirtiendo el orden democrático, con únicamente una mayoría de 71 diputados en el Parlament de Catalunya, mayoría que –sarcásticamente- no sería válida siquiera para el nombramiento de los consejeros de la TV3 (para lo que se requiere una mayoría cualificada de 90 diputados).

El 1-O se basa en esta pseudo cobertura legal aprobada hace menos de 1 año.

El 1-O se celebró con urnas opacas, eliminando la trasparencia necesaria en cualquier proceso electoral.

El 1-O se celebró con papeletas sin sobres.

El 1-O se celebró sin cabinas de votación en muchos colegios, necesarias para garantizar el secreto de voto.

El 1-O se celebró sin una misión de observación electoral profesional, independiente e integral. Debe recordarse que la Unión Europea, la OSCE, el Centro Carter declinaron la invitación del Govern de Cataluña para observar este referéndum. La delegación internacional que estuvo presente en Cataluña durante el día de ayer, Señor Romeva, no «observó el proceso electoral». Observar un proceso electoral implica observar todas sus fases (período preelectoral, cobertura de medios, censo electoral, jornada de votación, agregación de resultados, recuento, período postelectoral). El número reducido de delegados ha imposibilitado una observación integral y exhaustiva del referéndum. Una prueba manifiesta del endeble carácter y difuso mandato de estos delegados fue que –acabada la votación- todos al unísono realizaron una comparecencia pública en los medios de comunicación avalando el «espíritu democrático del pueblo catalán» cuando todavía se estaba realizando la fase de recuento en todos los colegios electorales o puntos de votación. Es decir, ¿qué ni siquiera estuvieron presentes en el recuento de los votos?. No nos quieran tomar el pelo, Sr. Romeva. Las misiones serias de observación electoral «integral» observan –le repito- todas las fases del procedimiento; y el recuento es una de las fases fundamentales que deben ser monitorizadas por los miembros de toda misión de observación que se precie de tal denominación para garantizar la limpieza de los resultados.

El 1-O presenció urnas que se movían de un colegio electoral a otros lugares, sin control alguno, sin garantías, se presenciaron votaciones en grupo, votaciones múltiples.

El 1-O también produjo otro hecho gravísimo: el cambio del censo y la adscripción de los electores a los colegios electorales se modificó minutos antes de la apertura de los colegios para establecer un censo universal, es decir, que los electores podían votar a partir de ese momento en cualquier colegio electoral, sin garantías de que una persona no pudiera votar en varios puntos de votación.

Podría seguir hablando de irregularidades cometidas durante el 1-O. Pero me detendré en su enumeración a fin de poner en su conocimiento que estas irregularidades electorales vulneran de manera flagrante las normas y estándares internacionales para elecciones democráticas. Así lo establecen instancias internacionales y textos internacionales que fijan las normas y criterios que deben ser respetados para considerar «democrático» un proceso electoral. El Documento de Copenhague de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (1990), el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (2007) o el propio Manual de Observación Electoral de la Unión Europea de la Comisión Europea (2006), son tres instrumentos claves que enumeran los requisitos mínimos que todo proceso electoral o referéndum debe respetar para ser considerado «democrático». Entre estos criterios y requisitos, debemos destacar los siguientes:

- el voto debe ser secreto.

- Los electores tienen derecho a un voto debidamente escrutado.

- La Administración electoral debe ser imparcial.

- El referéndum debe ser organizado por un órgano imparcial.

- Los medios de comunicación, especialmente los públicos, deben realizar una cobertura plural del proceso electoral.

- Un referéndum debe ser debidamente observado en todas las fases del proceso.

- Debe establecerse un porcentaje mínimo de participación para dar validez y representatividad al proceso.

- El voto debe ser libre.

- Las normas sobre el referéndum deben tener, al menos, rango de Ley.

- Los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior a un referéndum.

- Por último, el uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales.

Sólo he incluido una reducida muestra de estos estándares, pero con sólo estas menciones no puede quedar ninguna duda de que estos tres documentos internacionales –y las normas internacionales que les sirven de fundamento- fueron gravemente incumplidos y quebrantados de forma flagrante y manifiesta el 1 de octubre. El 1-O ha sido una estafa democrática; un día de manifestación masiva del independentismo, a la vez irrespetuoso de la pluralidad de la sociedad catalana que mayoritariamente no le otorgó ninguna legitimidad ni validez al proceso y decidió no ser parte de esta farsa no acudiendo a votar.

La larga de lista de incumplimientos e irregularidades que pudieron detectarse en el pseudo referéndum celebrado el 1 de octubre en Cataluña elimina obviamente cualquier legitimidad y validez a este triste «pucherazo». Espero y deseo que la comunidad internacional reaccione en consecuencia denostando este fraude antidemocrático, que no refleja en modo alguno la libre expresión de los electores censados en Cataluña. Comparto la voz de aquellos que condenan enérgicamente la desacertada actuación del gobierno de Mariano Rajoy para impedir la celebración del referéndum, pero ello no me hace perder la perspectiva. Un fraude electoral como el vivido el domingo en Cataluña tan sonrojante y avergonzante no les puede servir a los independentistas de Cataluña para proclamar su independencia unilateral. El 1-O ha sido una farsa antidemocrática, que ha vulnerado las normas autonómicas, nacionales e internacionales, en la que tuvo lugar una consulta que no cumplió los requisitos mínimos que son necesarios para que pueda calificarse como «democrática». Por tanto, déjese, Sr. Puigdemont, de dar lecciones de democracia a los españoles, pues sin duda los primeros que deben aprender qué son unas elecciones democráticas son Vds. los independentistas, aquellos que quieren unilateralmente proclamar la independencia de una parte de nuestro país, contra la voluntad mayoritaria de la población, al precio que sea, cueste lo que cueste y quebrantando cualquier tipo de norma que encuentren en su fanático camino.

Víctor Carlos Pascual Planchuelo es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid.