El PSOE, Podemos y sus socios se niegan a endurecer la ley para combatir las okupaciones

La diputada de Vox Cristina Esteban defendió la proposición bajo el argumento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces no cuentan los mecanismos suficientes para acabar con este tipo de delitos, que suponen una afrenta la propiedad privada, un «pilar fundamental del Estado de Derecho» , y al «esfuerzo» de los propietarios. «¿Por qué no aprovechan la oportunidad de hacer por fin una cosa bien? Sean justos por una vez y voten algo que sirva de verdad para defender a los españoles », espetó Esteban al resto de grupos parlamentarios.

En su intervención, la representante del partido de Santiago Abascal comparó la situación en España con otros países de nuestro entorno, donde según expuso se logra expulsar a los okupas con mayor celeridad y éxito de las autoridades. Así, Vox planteó modificar la ley a fin de «introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795 y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos».

La relación con otros países, precisamente, fue uno de los argumentos que se emplearon para enterrar la iniciativa, junto al hecho de que los delitos de usurpación y allanamiento de morada no son comparables y que el problema no existe tal y como se detalló porque la mayor parte de las viviendas vacías que se okupan no pertenecen a particulares, sino a bancos y fondos de inversión. Mireia Vehí, de la CUP, y Oskar Matute, de Bildu, recurrieron al referéndum celebrado en Berlín para expropiar las viviendas en manos en los denominados «fondos buitre». «Se alimentan del miedo, no tratan de solucionar el problema, solo crear ruido. Es un escenario delirante que no se corresponde con la realidad», añadió Pilar Garrido, del grupo parlamentario de Podemos.

El PSOE no hizo sino confirmar cada una de las justificaciones de sus socios y el diputado Vicent Manuel Sarriá negó la falta de instrumentos jurídicos denunciada por Vox y acusó a la formación de Abascal de seguir la «agenda trumpista» por plantear un escenario irreal. «Tienen el objetivo de generar alarma social cueste lo que cueste» , dijo el socialista, que insistió en el razonamiento de que cuando existe el delito de allanamiento la intervención es inmediara y cuando se trata de usurpación se da la actuación del juez- «Hay que hacer frente, pero desde esta falaz argumentación», concluyó Sarriá.

El PP y Ciudadanos avanzaron su apoyo a la toma en consideración, pero dejaron claras sus reticencias a algunas cuestiones. La popular Ana María Zurita compartió el fonde de la cuestión y condenó los ataques a la propiedad privada por parte de la izquierda, pero matizó que la propuesta de Vox es «insuficiente». « No son leyendas urbanas ni mentiras . Son historias reales», declaró en referencia a las declaraciones de los partidos en el Gobierno; y añadió: «No se puede disfrazar el hurto con derechos constitucionales ni cargar sobre la propiedad privada el problema de la vivienda».

Edmundo Bal, de Ciudadanos, recordó que ya planteó una propuesta similar y tildó la toma en consideración como una «salvajada jurídica». Bal, no obstante, denunció la complicidad del Gobierno con sus socios de ERC y Bildu, habida cuenta de que ambos son contrarios a endurecer las leyes contra los okupas. «Se ponen de lado de los delincuentes», subrayó el número dos de la formación naranja, que además hizo un alegato por el pensamiento liberal y la defensa de la propiedad privada, en contraste con los postulados de Vox para justificar un supuesto poder de las autoridades para acceder a una vivienda si creen que se está cometiendo el flagrante delito de usurpación: « No pronuncien la palabra liberal en vano , ser liberal es defender los derechos individuales frente al Estado.