El PSOE cede y desbloquea la reforma de la Ley del Indulto

El solo debate de esta enmienda coloca en una posición comprometida al Gobierno, cuya estabilidad depende de los votos de los propios independentistas al tiempo que necesita lanzar un discurso de cumplimiento de la ley para no avivar malestares dentro del partido y de su nicho de votantes más conservador.

No está claro aún que esa enmienda del PP vaya a ser aprobada, aunque cuenta con el apoyo de Ciudadanos. «Si gobernáramos nadie tendría duda de que no habría indultos para los que han dado un golpe contra España» , aseguran fuentes del grupo. La decisión está en manos del PSOE, que se encuentra dividido en este tema. De momento, algunos de sus socios ya han avanzado su voto en contra de la enmienda. Es el caso del PNV, que ya el pasado mes de febrero consideró inconstitucional que el Congreso «limite la capacidad del Gobierno de ejercitar su derecho de gracia». El grupo vasco se mostró totalmente «contrario a impedir por ley la concesión de indultos a determinados reos, por ejemplo en los delitos de rebelión y secesión, ya que el Gobierno tenga que compartir su libérrima decisión con el Poder Judicial» y defendió el mantenimiento de la actual ley en sus mismos términos. Según el diputado del PNV, Mikel Legarda, el derecho de gracia no se construye sobre el delito sino para «responder a las necesidades de corrección de las decisiones judiciales, establecer coherencia de política criminal, o procurar la convivencia social».

El pasado martes, el portavoz de ERC despreció que el indulto pueda ser una vía para la excarcelación de los políticos catalanes presos porque conlleva el reconocimiento de un delito. Pero ha prestado sus votos hasta ahora para que el PSOE pudiera mantener bloqueada la tramitación de la reforma de la Ley del Indulto en el Congreso. El PDECat también ha avanzado su voto en contra.

No obstante, y aunque el PSOE ha puesto en marcha la ponencia de la ley, el plazo inicial de quince días puede retrasarse si el proyecto entraña una elevada dificultad, como podría ser este caso. Una vez que el informe esté concluido, deberá ser debatido y votado en la Comisión de Justicia. Si logra el respaldo de la mayoría, será elevado al Pleno del Congreso y de ahí pasará al Senado , donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría enmendarlo e incluso vetarlo si el resultado no es de su gusto. Cualquiera de estas maniobras supondría un retraso adicional ya que el Congreso tiene capacidad para levantar tanto las enmiendas que introduzca el Senado como incluso el veto de éste, tras un plazo de dos meses.